La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, hizo balance, este viernes, en Guadalajara, de la gestión de su departamento en materia de dependencia durante los ochos años que lleva Emiliano García-Page al frente del Gobierno de la región. Acompañada de la viceconsejera de Dependencia, Ana Saavedra, y el delegado de la Junta, Eusebio Robles, la titular de Bienestar valoró positivamente el trabajo desarrollado por el Ejecutivo en estas casi dos legislaturas, en las que el objetivo siempre ha estado marcado por prestar una atención a las personas «directa, personalizada y efectiva», cuantificando el esfuerzo económico destinado a este fin en 615 millones al cierre de 2022 frente a los 362 que se destinaban en el 2015 (un 65% de incremento).

Una comparecencia en la que la titular de Bienestar también se refirió a  la importante reducción de las listas de espera durante estos ocho años, que pasan de un 44% a un 3,7% en la región, situando a Castilla-La Mancha como «la segunda comunidad autónoma»con menos lista de espera para poder ofertar los recursos en prestaciones de dependencia.

Centrándose en Guadalajara, la consejera detalló algunos datos que indican que a diciembre de 2022 la provincia contaba ya con 8755 prestaciones frente a las 4362 que había en julio de 2015, lo que supone un claro incremento del 100,61%. En cuanto a los beneficiarios, en la actualidad la cifra alcanza los 6754 mientras que en el 2015 no llegaban a los 3000 guadalajarareños (un 128'87% de incremento). Según García Torijano, se han duplicado en la provincia las prestaciones del sistema de dependencia en casi ocho años, siendo Guadalajara la provincia que registra un mayor incremento en el número de beneficiarios de las cinco de la región. «El esfuerzo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha  ha beneficiado notablemente a los ciudadanos de esta provincia», declaraba la consejera.

El Gobierno de Castilla-La Mancha destina en 2023 el mayor presupuesto de su historia para el Sistema de Atención a la Dependencia, alcanzando los 615 millones de euros para el presente ejercicio. Esto supone un importante incremento del 65% respecto al presupuesto de 2015, que fue de 372 millones. «Los datos nos sitúan como la segunda mejor Comunidad Autónoma en gestionar esta materia», concluye la consejera.