La portavoz del Gobierno regional avanza que Castilla-La Mancha implementará el nuevo modelo de residencias «en la medida de nuestras posibilidades» y apunta que «es voluntario, se supone». El problema está en la financiación. Blanca Fernández se remite a los cálculos que hacen desde el sector, que apuntan que el coste de cada plaza privada podría subir en mil euros y estima que puede ser parecido para las públicas. Por eso avisa de que sin financiación «estamos atados de pies y manos».

Desde Castilla-La Mancha insisten a la ministra Ione Belarra que este nuevo modelo precisa de más fondos por parte del Estado para que reparta a las comunidades autonómas. «No podemos adaptar el modelo hasta que no haya financiación», señaló, «si hay financiación, seremos los primeros en cumplir». 

Fernández  advierte al Ministerio que «si se diseña un modelo tiene que venir dotado de financiación» porque apunta que lo que no se puede hacer es que «el sistema se convierta en insostenible». Explica que si se estipula una serie de condiciones en cuanto a ratios, profesionales o volumen de plazas que pueden existir en una residencia, esas exigencias se tienen que financiar por el sistema de Dependencia. «Todo lo que no sea eso es el invito yo y pagas tú», apostilló. 

Fernández quiso dejar claro que el compromiso de Castilla-La Mancha no genera dudas y que por eso lidera las listas en plazas en residencias o viviendas tuteladas. De igual modo, también reconoce que la financiación de la Dependencia ha mejorado con la llegada de este Gobierno.