Alertaba hace unos días la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que los próximos trimestres van a ser complejos ante un panorama en el que «tenemos que prepararnos y trabajar con un escenario de inflación más persistente y elevada». En sus declaraciones, Calviño reconocía que el IPC ha desbordado las previsiones del Gobierno y que tanto familias como empresas van a seguir sufriendo esta espiral alcista de precios, especialmente en los costes de la energía y de los alimentos.

La situación económica actual se caracteriza por una gran incertidumbre ante lo que viene después del verano y debido a unas consecuencias de la guerra de Ucrania que todo indica que se van a demorar más allá de las previsiones de agosto con unas consecuencias difíciles de prever y de cuantificar.

Ante este contexto de crisis y, especialmente, de una desbocada inflación que cerró junio en el 10,2% las familias están recurriendo a la agrupación de créditos. Una vía que los economistas califican de sobre endeudamiento y que si se hace uso, como está ocurriendo, de las tarjetas revolving los efectos pueden ser aún más desastrosos. Las solicitudes para estas operaciones han crecido ya un 11% en lo que va de año, según los datos de la Agencia Negociadora que avanza que en el primer semestre de 2022, el importe medio de estas operaciones ascendió a 102.000 euros y 21 años el plazo de amortización.

Los financieros aseguran que la estrategia de estas decisiones es agrupar todos los préstamos en uno solo cuya mayor cuantía suele ser el de la hipoteca de la vivienda para pasar el mal trago de esta crisis.

En el caso de las empresas, la gravedad no es menor y, de hecho, se calcula que podrían tener que reestructurar su deuda entre 50.000 y 100.000 sociedades. 

El Banco de España calcula que existe un 20% de organizaciones en situación de «vigilancia especial» con préstamos en riesgo de impagos por valor de unos 21.000 millones de euros, de las cuales más de un 80% podrían entrar en concurso de acreedores ante la imposibilidad de pagar los créditos ICO.

En este sentido, el fin de la moratoria concursal prevista para el pasado 30 de junio supondrá el cierre de muchas firmas que han vivido al amparo de dicho mecanismo y ante la imposibilidad para sus acreedores de recuperar el pago de sus deudas.

Una realidad que, además, se ve agravada por la cuantía de los créditos concedidos por las entidades financieras a las familias e instituciones sin ánimo de lucro residentes en España que subió un 0,7% en mayo respecto al mismo mes del año pasado, hasta los 702.243 millones de euros, mientras que la financiación a las empresas se elevó un 0,3%, hasta los 939.091 millones de euros, según el Banco de España.

Esto significa un aumento en el crédito concedido a las familias de 5.207 millones y de 2.917 millones de euros en los referidos a las empresas en estos últimos 12 meses y en un contexto marcado ahora por el impacto en la economía española de la guerra en Ucrania y la escalada de precios.

Diferencias

En definitiva, el problema de la enorme morosidad está en que la situación actual de España no es como la derivada en 2008. Se ha pasado de una crisis donde los protagonistas eran los acreedores bancarios y los grandes financiadores del mercado inmobiliario a una crisis originada por la COVID y agravada por la guerra de Ucrania, donde la responsabilidad está en el Estado a través de los préstamos ICO, las ayudas de la SEPI y las entidades gestoras de los fondos Next Generation EU.