Después de casi tres meses, 44 sesiones y unas 220 horas de declaraciones por parte de acusaciones, defensas, acusados, testigos y peritos, finalmente, este viernes 17 de diciembre ha quedado visto para sentencia el macrojuicio por el incendio acaecido en agosto de 2016 en la planta Kuk Medioambiente de Chiloeches. Un fuego que conllevó importantes consecuencias ambientales y que ha sentado en el banquillo a tres empresas y a 18 personas, entre ellas, excargos políticos, técnicos y trabajadores.  

Finalmente, con el mantenimiento de las peticiones de pena iniciales solicitadas por parte de la Fiscalia y la intervención en el turno de última palabra de cada uno de los acusados que ha querido hacer uso de la misma, se ha dado por cerrado un juicio que arrancaba el pasado 20 de septiembre y que ha sido complejo, largo y aburrido; quizá, el más largo que se ha celebrado en Guadalajara hasta el momento. 

Un macrojuicio que es fruto del incendio declarado un 26 de agosto de 2016 en una planta de reciclaje de residuos tóxicos de Chiloeches. Y aunque no ha quedado claro si pudo o no haber sido provocado o quien podría ser el autor o autores materiales del mismo, desde el primero momento se sospechó de ello debido a que en esta planta había acumuladas cantidades ingentes de materiales tóxicos y no tóxicos que a su vez salían después entremezcladas a otras plantas. Todo esto así como si el traslado de los residuos se realizaba de la forma adecuada, si existían los permisos necesarios para ello y si la propia planta trabajaba con los permisos que debería, son parte de las cuestiones que se han llevado a la sala y sobre las cuales habrá que dictar sentencia. 

De momento, la mayor parte de los acusados, entre los que se encuentran las empresas (Kuk Medioambiente, Grupo Layna de Residuos y Salmedina Tratamiento de Residuos, el que fuera viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González Egido y el exalcalde de Chiloeches, César Urrea, así como técnicos y trabajadores, ha ratificado mayoritariamente que obraron de acuerdo a como creían que debían hacerlo.

Fue el pasado mes de junio cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara decretaba la apertura de juicio oral contra un total de 21 acusados -18 personas físicas y tres jurídicas-, a quienes en algunos casos por parte de la Fiscalía se les reclaman penas de hasta 19 años de prisión y 14 de inhabilitación, al tiempo que les hacen responsables civilmente de gastos de casi 15 millones de euros, sumando entre todos penas de hasta 144 años de cárcel.

Por un lado, se ha juzgado a 11 acusados y a las entidades Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina por la gestión, almacenamiento y transporte ilegal de residuos peligrosos que se saldaron con el incendio de la nave que almacenadora en agosto de 2016.

A estos 11 acusados se les considera autores de una gestión, transporte y tratamiento ilegal de residuos peligrosos y no peligrosos, para lo cual participaron de forma concertada en un grupo criminal que acabó con un vertido incontrolado de estos residuos, acompañado de falsificación de documentos para amparar el desvío.

De otro lado, seis ex altos cargos de la Junta están acusados de un delito de prevaricación medioambiental continuada, por los que les piden penas de hasta tres años de cárcel y 13 de inhabilitación. 

Entre las peticiones de pena se encuentra el exalcalde de la localidad, César Urrea, a quien la Fiscalía pide 14 años de inhabilitación y cinco de prisión por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental y el viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González Egido, a quien se le acusa de prevaricación administrativa medioambiental con penas de 13 años de inhabilitación especial en cargo público, tres años de prisión con inhabilitación para el derecho de sufragio y 22 meses de multa a razón de 20 euros diarios.

En el caso del exviceconsejero, en su turno de palabra ha agradecido el trato recibido en la sala porque ello ha hecho que el paso por la misma en este proceso haya sido "más llevadero" y ha reiterado su inocencia sobre todos los hechos que se le imputan en esta causa". "Aprovecho para ratificarlo", ha señalado en una intervención escueta pese a que tenía 15 minutos de tiempo para ello, como el resto de los investigados.

En cuanto al que fuera alcalde de Chiloeches entre 2011 y 2015, César Urrea, también ha defendido públicamente su inocencia sorprendiéndose de por qué él estaba sentado el el banquillo de las acusados. "Estoy sorprendido de qué pito yo en este proceso judicial. Me están imputando por algo que no he hecho y sobre lo que haya pasado después, no lo sé".

En su turno, el que fuera director general de Evaluación Ambiental entre 2005 y 2008, que en su derecho a la última palabra ha mostrado su convencimiento de haber actuado conforme a la legalidad siempre. "Tengo la absoluta certeza de que obramos de la única forma que en ese momento era posible y que actuamos conforme a derecho" mientras que el que fuera director general de este mismo área entre 2009 y 2011, Carlos José Blázquez, ha rehusado hacer uso de su palabra.

En general, todos los acusados han negado haber cometido ningún delito y la declaración de Olga Villegas Sánchez, trabajadora de la Administración regional ha sido una de los interrogatorios más intensos, aludiendo al daño que esto le ha causado a nivel personal por ver su nombre vinculado con una trama criminal. Además, ha apuntado tener aún dudas de lo que se le acusa, pero "me siento castigada por realizar mi trabajo y considero y es una sensación de frustración e impotencia pues no se aún lo que he hecho mal".

En cuanto a las empresas, en los tres casos han sostenido su inocencia. En el caso de Kuk, su responsable, Francisco Fernández, ha asegurado que ellos nunca pusieron ningún impedimento a la inspección de la Administración y ha calificado de "catástrofe" lo sucedido, también a nivel empresaria porque "he perdido todo mi patrimonio, un auténtico desastre", ha subrayado.

Los hermanos del Grupo Layna también han mantenido su inocencia, expresada en la intervención de uno de ellos, para quien el coste a nivel personal de este suceso también está siendo tremendo, habiéndose trasladado -ha dicho- a sus propios hijos que "están sufriendo las consecuencias".

El juez ha cerrado su intervención agradeciendo a todos los profesionales el haber estado a la altura de las circunstancias y elogiando su "noble y leal" comportamiento en este procedimiento y ha tenido palabras especialmente emotivas para un funcionario de la Audiencia, Pablo, a quien se ha referido como el "alma" para que esto haya transcurrido bien. "Es la expresión viva de la función pública", ha concluido.