Lleva razón la oposición en la Comunidad de Madrid cuando recomiendan a la presidenta regional que más que buscar culpables de la situación que atraviesa la atención primaria y las urgencias en ese nivel comience a buscar soluciones para un problema que en este caso solo ha generado su gestión y por lo que se enfrenta a una huelga que dura ya varios días y a otra que va a afectar a todo ese ámbito sanitario. Desde que decidió abrir los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) que había tenido cerrados durante dos años –otras comunidades autónomas del PP no lo hicieron- con menos médicos de los que tenían antes de la pandemia, con condiciones laborales más precarias aún, con la incorporación de la telemedicina que los facultativos rechazan, Díaz Ayuso no ha hecho sino buscar culpables al rechazo de lo que todos los sindicatos médicos,  de los más progresistas  a los más conservadores- consideran una verdadera chapuza que pone en riesgo la salud de los pacientes. En este caso el intento de cargar las culpas sobre el Gobierno central y su jefe Pedro Sánchez, cuando tiene transferidas las competencias, cuando no puede negar que ha desatendió la inversión en sanidad, situando a Madrid en los lugares de cola en cuanto a gasto por número de habitantes, ha tenido como consecuencia que sus teorías conspiranoicas hayan surtido un efecto escaso.  

Pero también lleva una parte de razón Isabel Díaz Ayuso cuando se observa que la joya de la corona de los servicios sociales, la sanidad, se encuentra en situación manifiestamente mejorable en todas las comunidades autónomas, que todas ellas en mayor o menor grado sufren loCOLAs mismos problemas de falta de médicos de familia atribuible a  distintas causas, desde la falta de plazas MIR para su formación, a los menores atractivos que el ejercicio de esta especialidad tiene entre los médicos que han de suplir las vacantes y la jubilaciones que se van a producir en los próximos años, o la ausencia de incentivos laborales y económicos junto a la preferencia por salir de España hacia países conde se aprecia su alto grado de preparación y obtienen por ello mejores salarios.     

No se trata de repartir responsabilidades de forma equidistante, porque lo que ocurre en Madrid no se ha dado en otras partes, ni la actuación de la presidenta madrileña se ha replicado en otras comunidades autónomas, ni se ha despedido a los médicos que se contrató durante la pandemia, que han buscado empleo en la sanidad privada –el crecimiento de los seguros privados de salud crece de forma exponencial- y en ese sentido no se puede negar que existe un sesgo ideológico en favor de la privatización del servicio público sanitario impulsado por Ayuso. Una vez conocido el diagnóstico sobre las carencias y las necesidades de la sanidad pública sería el momento de buscar recetas que las paliaran. La convocatoria de las elecciones autonómicas, en las que el estado de la sanidad ocupará un lugar predominante en el debate electoral no es el mejor escenario para que pueda llegarse a soluciones de compromiso que son urgentes.  

La huelga indefinida en la atención primaria y pediatría y la manifestación del próximo domingo convocada en Madrid en defensa de la sanidad pública no es una protesta porque falten 34 médicos en los SUAP, como se defiende Ayuso, sino porque todas las asociaciones médicas piden respeto y critican su gestión de la política sanitaria. Y Feijóo de espectador