Han pasado menos de tres semanas desde que un Consejo de Ministros extraordinario aprobase el segundo paquete anticrisis, cuya convalidación precisamente tiene que aprobar el Congreso hoy, y poco más de tres meses del primer plan de respuesta para combatir la inflación y las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, y Pedro Sánchez ya ha vuelto a enmendarse y sacar de la chistera nuevas propuestas. Siempre quedará la duda de saber a por qué iba antes el presidente del Gobierno, una vez que en el debate del estado de la nación ha repetido machaconamente que ahora va «a por todas». A la espera de la letra pequeña, sus nuevos anuncios lo que sí ya han generado es más escepticismo que certidumbres.
Es sabido que la inseguridad jurídica y tributaria siempre trae desconfianza. Declarar la guerra a los inversores y obviar el riesgo de que el hachazo impositivo a estos sectores suponga una barrera a la recuperación económica parece algo más que arriesgado. Nada más anunciarse los nuevos tributos a las energéticas y bancos, el dinero salió corriendo en la bolsa. Donde algunos ven un giro a la izquierda y un retorno a la agenda progresista, otros ven un volantazo más efectista que efectivo que, y en esto pocos ingenuos pueden dudar, seguramente acabará repercutiendo de una forma u otra en los consumidores más que sirviendo para contener el alza de la tarifa eléctrica, la subida de la gasolina o influir en la mejora de las condiciones hipotecarias. Que un Gobierno que reconoce un exceso de recaudación de 15.500 millones en lo que llevamos de año castigue a un sector estratégico como el financiero, cuyos márgenes de interés sufrieron en pandemia y transita ahora por un entorno incierto, sin más justificación que la sospecha de enriquecimiento por la subida de los tipos, es cuanto menos preocupante.
Con los precios desbocados y con medidas que parchean la inflación, pero difícilmente la van a revertir, lo que precisa España en este crítico momento es un plan sostenido y coherente y un Ejecutivo que gobierne con criterio, responsabilidad y mesura, y no pensando en cuál será el próximo fuego de artificio con impacto inapreciable para la mayoría, tal como las efímeras becas durante un trimestre o la bonificación de los abonos ferroviarios. Al margen de que la gratuidad del transporte público puede conllevar una demanda inducida no deseada ni prevista, solo Madrid y Barcelona concentran el 80% de los viajes de cercanías.
En tiempos de crisis también se necesitan medidas coyunturales, pero acompañadas de cambios estructurales. Una vez más, no se acaban de abordar los temas que superen la inmediatez. La sociedad española exige y necesita más altura de miras y menos palos de ciego y erráticos golpes de timón que ya ni enmascaran un intento incauto por recuperar el tono y los votos perdidos.