El Tribunal de Cuentas fiscalizará las elecciones municipales y autonómicas en cinco comunidades autónomas -Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y La Rioja-, cuyas contabilidades deberán ser presentadas a finales del mes de septiembre por los partidos políticos que concurran a las mismas.

En total, entre 2023 y 2024 el Tribunal de Cuentas fiscalizará un total de ocho procesos electorales, en los que se prevé la movilización de importantes recursos públicos.

Por ejemplo, en las pasadas elecciones locales de 2019 se realizaron gastos electorales por un total de 50 millones de euros.

Este miércoles, el pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado una instrucción que establece que los partidos deberán presentar ante este órgano una memoria de los actos y mítines celebrados durante la campaña y una memoria explicativa de los gastos por envíos de propaganda electoral, con el detalle, por ejemplo, de los elementos incluidos en los sobres contenedores o las empresas encargadas de su confección y distribución.

Además, se exige que se detalle la relación de las facturas justificativas de estos gastos y el destino de los envíos por circunscripciones.

Toda esta documentación contable y justificativa debe ser remitida a este órgano de fiscalización, en cumplimiento de lo establecido en la normativa electoral, según ha informado el tribunal en una nota.

Ya se controlaban por otras vías. Fuentes del tribunal explican que todos estos gastos ya se controlaban por diferentes vías y que lo que busca la memoria es mayor rigor y exhaustividad en el control de los mismos al exigir una diferenciación más clara de la contabilidad.

La instrucción, que ha sido consensuada con las instituciones de control externo de ámbito autonómico, informa asimismo del cálculo de los distintos límites de gasto de las campañas electorales y de las sanciones en que podrían incurrir los partidos por su superación.