El hecho de que tuviera que ser el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, el que dijera en público lo que probablemente piensan millones de votantes del PSOE, es sintomático de la deriva autocrática que ha impuesto en las filas socialistas Pedro Sánchez, que en apenas unas semanas ha pisado todas las líneas rojas que mantuvieron a buen recaudo el espíritu de igualdad ante la Ley y concordia entre los españoles, espíritu levantado para superar la dictadura que él, como valor trascendente para la historia, considera haber vencido con la exhumación de los restos de Franco. Él, que era un efebo cuando la dictadura tocó a su fin, se arroga una suerte de victoria histórica en un movimiento cosmético mientras tritura leyes orgánicas para manosear la división de poderes o legisla a la carta de los secesionistas, delincuentes condenados por atentar contra el orden constitucional y usar dinero público para hacerlo.

Ayer fue el barón aragonés, Javier Lambán, el que, con menos contundencia que Page, pero con la misma convicción, subrayó la verdad: Pedro Sánchez ha modificado el Código Penal para reducir penas a los delincuentes que le mantienen en el poder. Eso son los hechos, el resto es relato y, como tal, es maleado a conveniencia para justificar lo que ya casi ninguna institución nacional o internacional cuestiona: el presidente del Gobierno español no es un reformista, es un ególatra dispuesto a todo para continuar en el poder. Si tan convencido estuviera Sánchez de que los españoles aceptan sus decisiones, lo tiene tan fácil como llamar a las urnas y que así se ratifique por la ciudadanía española, que pena una mezcla de agotamiento y furia que únicamente sirve para inflamar los extremos, lo que en cierto modo es más combustible para el actual Ejecutivo nacional. Pero no, el presidente opta por esperar a que el tiempo -España es un país desmemoriado, en eso carga toda la razón- y el ejercicio más populista del poder compre las voluntades necesarias para que las urnas vuelvan a sumar una mayoría con todos los enemigos declarados del Estado y la Constitución que permitan al presidente o su sucesor detentar el poder.

Page tiene razón. España vive un episodio histórico que puede tener consecuencias dramáticas en el corto plazo. Ahí tienen a Oriol Junqueras, líder de ERC y uno de los grandes beneficiados de la reforma del Código Penal, proclamando a los cuatro vientos que habrá un nuevo referéndum porque «no es delito». Menos mal que lo niega la guardia pretoriana de Sánchez, el mismo que no pactaría jamás con Bildu, el mismo que no dormiría tranquilo con Podemos en el Consejo de Ministros, el que nunca se apoyaría en el secesionismo... Un alivio.