Un cambio de criterio del Tribunal Supremo va a permitir que se revisen los indultos efectuados por el Gobierno de Pedro Sánchez a los nueve líderes independentistas que fueron a la cárcel por su participación en la declaración unilateral de independencia del año 2017. De esta manera el Alto Tribunal deberá decidir en próximas fechas si se ajusta a derecho la medida de gracia promovida por el Ejecutivo a favor de los condenados: el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los exconsejeros Raúl Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los líderes de ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente.
La decisión de la sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, adoptada con tres votos a favor y dos en contra, supone algo más que la toma en consideración de unos recursos presentados por PP, Ciudadanos, Vox y Convivencia Cívica Catalana, que fueron rechazados en un primer momento porque el Alto Tribunal entendía que quienes los presentaron no tenían legitimación para hacerlo. Este auto, cuyo contenido íntegro se conocerá en los próximos días y contendrá un voto particular, se convierte en el único mecanismo de control ante una decisión del Gobierno que si bien por ley es irrevocable, sí puede ser recurrida, como hemos podido comprobar. Los magistrados analizarán así el fondo de la cuestión, y no un aspecto de forma, eliminando de esta manera el blindaje que, en la práctica, tenía el Gobierno con la anterior decisión. Aunque la jurisprudencia indica que las posibilidades de que los recursos de este tipo prosperen son mínimas, al menos existe ya la seguridad de que los jueces entrarán en materia, lo que en la práctica fortalece al Estado de Derecho y garantiza el correcto funcionamiento de las instituciones.
El único problema de este cambio de criterio, acertado, por parte del Tribunal Supremo es que se produce por la variación de los magistrados que componen la sección encargada de valorar el asunto. La entrada de la magistrada conservadora Inés Huerta en el tribunal ha permitido esta nueva postura, lo que queda de manifiesto por lo ajustado de la votación final. Asuntos de tal importancia como el que se va a juzgar, el indulto a nueve condenados por participar en un acto sedicioso, no puede depender de una determinada composición del Tribunal o de un presunto intercambio de cromos entre los partidos en el CGPJ, que es quien elige a los presidentes de cada una de las salas del Supremo. Los jueces en general, y los del Alto Tribunal en particular deberían extremar su independencia y no transmitir la sensación de que en sus posiciones influye algo más que el Derecho.