La publicación de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social siempre provocan controversia. No es algo nuevo de este gobierno intentar vender algo positivo, aunque hayan sido objetivamente peores de lo previsto. No hay más que recordar las palabras del ministro Escrivá quien aseguró que los datos de marzo iban a ser muy buenos. Es lo que tiene la propaganda, la realidad te puede destrozar. Y es lo que de nuevo ha pasado en marzo. La reducción del desempleo en ese mes ha sido la peor, exceptuando el año de la pandemia.
Apenas 2.921 personas han salido de las listas del paro, en un mes que suele ser muy bueno porque se anticipan las contrataciones de la Semana Santa. Si el dato lo desestacionalizamos, la cosa ya se pone más que fea, al entrar en el desempleo casi 25.700 trabajadores. En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social aumentan en más e 140.000, aunque el dato desestacionalizado apenas creció en 23.998. Y si nos fijamos en la evolución diaria, del 1 al 31 de marzo se ha producido un descenso de 2.162 afiliados. Además, el día 31 se produjo un saldo neto negativo de 130.933 afiliados.
El gobierno ha buscado en la contatación indefinida el salvavidas para su propaganda. Cierto que ha crecido un 30 por ciento en marzo, pero la causa es la entrada en vigor de la reforma laboral que ha obligado a convertir muchos de los contratos que se hacían por obra y servicio o temporales en indefinidos. Veremos si esto sigue así o es coyuntural y se pueden o no echar las campanas al vuelo sobre el efecto positivo de la nueva regulación.
Lo que no deja dudas es que la economía española está ralentizada, que los precios están por las nubes y los costes de las empresas al límite. Hay pocas dudas de que se vayan a aumentar también los costes financieros con subidas de tipos y desde luego los de las hipotecas, lo que añadirá más leña al fuego. Desde Economía se siguen negando a revisar las previsiones y desde Hacienda a bajar los impuestos, a pesar de haber recaudado miles de millones extra.
Desgraciadamente, las medidas del gobierno llegan tarde y mal en la forma y en el fondo. El mayor esfuerzo lo hace el sector privado: arrendadores, eléctricas o petroleras, mientras seguimos con el ejecutivo más amplio y más poco proclive a reducir el abultado gasto público. Los siguientes en pagar los platos rotos serán empleados público y pensionistas. Ojalá me equivoque.