El secretario de Estado de Justicia recibió a La Tribuna en Talavera de la reina, 'ciudad de la cerámica', para analizar la actualidad judicial que preside buena parte de las informaciones políticas. Empezamos por la huelga de los letrados de la Administración de justicia, que desde el 24 de enero han paralizado buena parte de los juzgados.

Están los letrados de la administración de justicia de medio país en huelga. ¿Qué está pasando?

Creo que es una huelga general que está perjudicando fundamentalmente a los ciudadanos españoles. Está perjudicando a los operadores jurídicos: magistrados, jueces, fiscales, abogados, a los procuradores... y está haciendo un daño horrible a la imagen de la justicia. Pero sobre todo a las personas que ven aplazados sus juicios, sin aviso previo. Que ven aplazados sus cobros, gente que no se puede casar… 

El secretario de Estado de Justicia recibió a La Tribuna en Talavera de la Reina - Foto: Manu ReinoLas reivindicaciones que plantean se remontan al año 2009, llevan 14 años de reivindicaciones sin que nadie les haya hecho caso, y nosotros nos hemos reunido con los letrados de la administración de justicia en 2022 en 35 ocasiones, en las que nos han hecho 11 propuestas de reivindicación y 10 han sido aceptadas. A pesar de eso han planteado esta huelga indefinida contra la única administración que les ha escuchado.

Los letrados cobran entre 39.000 y 64.000 euros al año, sin incluir la productividad, complementos… Les hemos aprobado subidas que van a llegar a casi el 15%, pero quieren más, quieren llegar a cobrar el 85% de lo que cobran los jueces o fiscales, y nunca van a poder cobrar lo que cobra un juez o un fiscal, porque no lo son.

¿Dice que son movilizaciones injustificadas?

El secretario de Estado de Justicia recibió a La Tribuna en Talavera de la Reina - Foto: Manu ReinoYo le estoy dando datos. Ante 11 reivindicaciones, 10 han sido comprometidas, solo queda la cláusula de enganche, con la que quieren cobrar como jueces o fiscales pero no son jueces y fiscales, no tienen la misma responsabilidad.

No parece que haya visos de solución al problema entonces.

Nosotros vamos con nuevas propuestas. Son magníficos profesionales de la justicia y conocedores del derecho procesal, por lo que espero que entiendan el daño que están causando. Nosotros vamos con la intención de que la huelga general se paralice ya, y espero que ellos tengan la misma intención.

El secretario de Estado de Justicia recibió a La Tribuna en Talavera de la Reina - Foto: Manu ReinoOtra de las cuestiones que está haciendo daño es la polémica con la Ley del 'solo sí es sí', y parece que un asunto judicial se ha convertido más en un asunto político.

Yo espero que no sea así. La tramitación está ya en el ámbito parlamentario, con una proposición que se presentó por parte del PSOE en la Cámara hace dos semanas. Es verdad que es un problema muy grave, pero la ley es una buena ley que defenderé siempre porque es una conquista del movimiento feminista. Ahora tienen que ser los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados los que tienen que adecuar o no la propuesta del PSOE. Tienen el tiempo suficiente para debatir y mejorar la ley si es posible. Desde el Ministerio de Justicia ya hemos hecho todo lo que teníamos que decir [sic].

¿Entonces se puede mejorar?

Pensamos que lo que hemos presentado, con un gran trabajo de la ministra de Justicia es lo que debíamos hacer, mantener el consentimiento como centro de la ley y mejorando la situación de las penas para que no se produzcan esas rebajas. En el ámbito parlamentario todo es posible.

Pero Podemos siempre ha dicho que «algunos jueces» han hecho una «interpretación errónea» de la ley. ¿Es así?

Mire, los más de 5.000 jueces que hay en toda España levantan todos los días la persiana de su despacho para aplicar la ley y la justicia, para que sea siempre en beneficio de los ciudadanos. Yo no tengo nada que recriminar a los jueces, sino todo lo contrario. Están haciendo todos un trabajo magnífico. Pero insisto, es una ley que está en trámite parlamentario, dejemos trabajar a los grupos y vean qué opciones hay.

¿Cree que el socio minoritario en la coalición de gobierno se ha enrocado en sus posiciones?

No, creo que han tenido propuestas que siguen intercambiando. Nada más.

También se ha procedido al desbloqueo de la ley del aborto en el Tribunal Constitucional, después de 13 años. ¿Cómo valora este paso?

Es importante. Por fin algo que para nosotros era muy importante que hubiera una resolución del TC con algo que llevábamos mucho tiempo esperando, con una situación de recurso por parte del PP a esa ley. 

Si me lo pregunta se lo diré con toda sinceridad, creo que ha tenido mucho que ver las nuevas incorporaciones de los nuevos miembros del Constitucional.

Se lo iba a preguntar.

Pues sí. El presidente lo primero que dijo fue que se iba a poner a trabajar para desatascar todas las cuestiones pendientes, y una de las más importantes era la de la ley del aborto. Ha sido una buena estimación del TC. Luego nos hemos encontrado con que unos dicen que qué bien que se haya resuelto, otros que qué mal que haya sido así… pero lo importante creo que es que mejora las dudas que sembraron a las mujeres hace 13 años.

Ahora se repetirá una nueva ponencia a cargo de una nueva magistrada. ¿Cabe esperar de nuevo pasos atrás?

Yo espero que no. Después de lo que ha hecho ya el Constitucional creo que no se producirá un paso atrás. Creo que se mantendrá.

Menciona las declaraciones de algún partido político, que dan la sensación de que hace 13 años el país no estaba preparado para una ley de plazos así. ¿Lo está ahora?

Fue una ley que en su momento se hizo por parte del Gobierno de Zapatero, es una buena ley y lo ha ratificado el Tribunal Constitucional.

También hemos conocido la reciente sentencia a los líderes del procès, con la que se mantiene la inhabilitación de Oriol Junqueras. ¿Qué conclusión saca? ¿Desacredita la política que venía haciendo el Gobierno?

Todo lo contrario. Desde el Ministerio mostramos nuestro más absoluto respeto a la resolución que dictó el Tribunal Supremo. Es una resolución que viene a demostrar algo que siempre ha dicho el Gobierno de Pedro Sánchez: que lo que sucedió en 2017 era delito con el Código Penal anterior, y también lo es con el Código Penal actual, que no se ha despenalizado en absoluto lo que ocurrió. Y que alguien ha mentido, porque decían que esto iba a provocar esa despenalización a los líderes.

El Gobierno se ha limitado a actualizar y europeizar el Código Penal, lo que va a facilitar llegado el caso los procesos de extradición, y no cabe duda que las cosas están mucho mejor en Cataluña que en 2017. Hace poco estuve en Barcelona, y no tiene nada que ver la Barcelona de 2023 a la de 2017 por una apuesta que hizo el Gobierno por el diálogo que ha devuelto la convivencia a las calles. Creo que con el actual gobierno se está construyendo una Cataluña del futuro, donde ha desaparecido la unilateralidad, la política de bloques, la desobediencia institucional, y donde las empresas no se van de Cataluña. La situación no tiene nada que ver.

Si no se despenalizan las causas, ¿entonces veremos a Puigdemont responder ante la justicia española?

Hombre, es lo que corresponde.

Recientemente ha visitado Castilla-La Mancha.

Hemos presentado en Talavera de la Reina un proyecto que deja una cosa clara, que es una realidad y no un asunto pendiente. El Ayuntamiento nos cedió en su momento unos terrenos que albergaban restos arqueológicos, por lo que nos pusimos a trabajar en un nuevo solar que hemos estado viendo para levantar un nuevo edificio de justicia, que tiene la posibilidad de cubrir las necesidades de la ciudad y con posibilidad de crecimiento con nuevas unidades judiciales.

Se ha hecho de forma simultánea la cesión y reversión de ambos terrenos, cosa que agradezco enormemente a la alcaldesa, y se ha licitado el contrato de servicio para rehacer el proyecto. El importe con el proyecto de licitación de obras será de casi 12,7 millones de euros. Ahí se instalarán los juzgados que ahora están dispersos por la ciudad. Y albergará nuevas unidades, de violencia de género, otros cinco juzgados cuando se proceda a la ampliación… Por lo tanto quiero agradecer a la alcaldesa su trabajo y el del equipo de Gobierno.

¿Qué otros proyectos tienen en marcha en la región?

En la visita nos hemos centrado mucho en la provincia de Toledo, donde estamos rehabilitando la sede de la Audiencia Provincial, el torreón que existe en la Plaza del Ayuntamiento, por importe de 629.000 euros; el nuevo edificio del Instituto de Medicina Legal, con una inversión de 6,1 millones y que espero que se pueda iniciar la obra en el mes de marzo; y también en Toledo el aprovechamiento de un espacio bajo cubierta en la calle Marqués de Mendigorría, para ampliar los Juzgados. 

Ya en la provincia, en Torrijos, vamos a hacer un nuevo edificio para los juzgados donde se integran cuatro juzgados de primera instancia y otras unidades, con una licitación de 7,7 millones de euros. Un proyecto en Illescas también con un nuevo edificio para albergar nueve juzgados de primera instancia, cuatro de instrucción, uno de violencia de género sobre la mujer, la fiscalía, decanato y la posibilidad de ampliarlo. La inversión aquí suponen 17 millones de euros para una actuación sobre 11.455 metros cuadrados.

En Ocaña invertiremos 4 millones de euros en la rehabilitación de l Palacio de Cárdenas, que es Monumento Nacional desde 1931, y en Quintanar de la Orden queremos mejorar la eficiencia energética de los juzgados de la Plaza de la Constitución con una inversión que va a superar los 500.000 euros, que está en fase de licitación de obras.

Es una inversión fuerte la que está haciendo el Gobierno de España, ya que son más de 50 millones de euros los que va a invertir el Gobierno a través del Ministerio de Justicia en la provincia de Toledo.

Están implantando un nuevo modelo de oficinas de justicia en los municipios, lo que conocíamos como los juzgados de paz. Y la primera experiencia piloto fue aquí en Castilla-La Mancha. ¿En qué consisten?

Tenemos en tramitación parlamentaria tres grandes leyes, de eficiencia organizativa, procesal y digital, que van a ser un nuevo hito en la administración de justicia en España, un verdadero revolcón para la justicia en España. Y en esa organización están esas oficinas cuyo primer piloto que pusimos en marcha fue en Tarazona de la Mancha. El segundo fue en Formentera y están previstos en Ceutí en Murcia, Bembibre en León, Sangüesa en Navarra, Caso en Asturias, Arnedo en La Rioja y la ministra se ha comprometido a dos más en Burgos, una en Medina de Pomar y otra en Fuentespina.

Con la aprobación de esta ley se va a fortalecer el servicio público de justicia, porque no solo se van a mantener los actuales servicios que prestan los juzgados de paz, sino que se van a ampliar y se van a renovar. Y no va a costar nada a los ayuntamientos, solo nos tienen que ceder el local donde ahora están los propios jueces de paz, y una conexión a la red. Será el Ministerio el que aporte el presupuesto. La intención es llevar la justicia a todas las localidades, reforzar la cohesión social, territorial y digital en los municipios, sobre todo en esas zonas en despoblación o riesgo demográfico. Y reforzar la atención a las víctimas, mujeres mayores o jóvenes. Y todo ello en una cogobernanza con todas las comunidades autónomas para lograr una justicia más rápida, más ágil y más eficiente ya que se podrán hacer todos los actos jurídicos que se realizan en un juzgado. No tendrán que trasladarse a las capitales, podrán hacer las actuaciones procesales con una conexión y con todas las garantías. Es muy importante el desarrollo de estas oficinas porque va a suponer abrir una puerta a la justicia en todos los municipios de España.

Es habitual que en la presentación anual de la memoria del Tribunal Superior de Justicia se reivindiquen más jueces, más medios, más recursos… ¿Cómo ve la situación en Castilla-La mancha?

Es cierto, es habitual. Castilla-La Mancha tiene un buen ratio de unidades judiciales por cada 100.000 habitantes, que sus vacantes superan por muy poquito la media nacional, y que la litigiosidad está por debajo de la media nacional. Pero es la comunidad la que tiene que pedir nuevas unidades al CGPJ, y tendrá el apoyo del Ministerio de Justicia.

¿No sería necesario una transferencia de competencias en este área para mejorar esa situación entonces?

-Ríe- Es una pregunta que debería hacer a la comunidad autónoma. Pero en su momento me consta que hubo unos trabajos para formalizar eso.

Fue con Mariano Fernández Bermejo, en 2008, que ironizó en una visita a Toledo y afirmó que «cuando yo venía creo que las transferencias veían por la Sagra».

-Ríe- Pues no cristalizó. A mí no me consta que haya petición de transferencia por parte de Castilla-La Mancha.

¿No lo ve como una solución?

La ministra es consejera de cinco comunidades autónomas, que no tienen transferencias, y hay que sí las tienen. Todos tienen sus problemas, lógicamente, pero yo le puedo asegurar que las comunidades que gestiona el Ministerio funcionan bien.