El caso Pegasus da un nuevo giro y añade todavía más incógnitas a un asunto que mantiene tensionada la actualidad política y que está pendiente de una fecha clave: la reunión aún por fijar entre el Jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès. Como trascendió en varios medios nacionales y ayer admitió la propia oficina de Carles Puigdemont, el expresident se reunió con un emisario del presidente ruso Vladímir Putin el día antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), el 27 de octubre 2017.

El exsecretario de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, fue el encargado de organizar el encuentro entre Puigdemont y el emisario del Kremlin Nicolai Sadovnikov, el también ruso Sergei Motin y el empresario catalán Jordi Sardà Bonvehí. Una cita en la que Moscú ofreció ayuda económica y militar al Govern para una posible independencia unilateral a cambio de poner en marcha un sistema de criptomonedas.

En concreto, Putin puso sobre la mesa de Puigdemont 10.000 soldados y 500.000 millones de dólares. No obstante, como afirman fuentes de la Oficina del expresident a la agencia ACN, el catalán rechazó la propuesta por «inconveniente y poco creíble».

El asunto fue investigado en sede judicial. A finales de octubre de 2020, cuando estalló el conocido como caso Voloh sobre una presunta trama de financiación de los independentistas fugados a Bélgica, el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona argumentó que días antes de la DUI de 2017, representantes de Rusia se habían reunido con el entonces president y que así consta en unos audios recogidos en el sumario.

Estas nuevas revelaciones podrían estar directamente vinculadas al caso de espionaje a más de 60 líderes secesionistas con el software Pegasus, una veintena de ellas avaladas por el Supremo, como defendió en el Congreso la directora del CNI, Paz Esteban. Y condicionan, de este modo, la reunión pendiente entre Sánchez y Aragonès.

El presidente del Gobierno, a la espera de concretar la fecha para este encuentro, mostró ayer su confianza en recomponer sus relaciones con ERC y otros socios de investidura para mantener esas mayorías hasta agotar su mandato.

Ese fue el mensaje que lanzó Sánchez a los miembros de la Ejecutiva Federal socialista en plena polémica por la escuchas a los dirigentes independentistas, entre ellos Aragonès, y que ha provocado que los socios y aliados del Ejecutivo se hayan ratificado en su exigencia de dimisiones.

El socialista y el republicano coincidieron el pasado viernes en Barcelona en el acto de entrega de un premio a la máxima responsable de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y se emplazaron a reunirse tras considerar que era urgente intentar aclarar la situación.

Sánchez reiteró su promesa de transparencia en este asunto ante la Ejecutiva socialista, y fuentes del partido apuntan que busca recomponer las mayorías con sus socios parlamentarios, entre ellos ERC, con el objetivo de completar la legislatura, un horizonte que finaliza en diciembre de 2023.

Responsabilidades

Frente a los deseos de Sánchez de restablecer la confianza, a lo largo de la jornada se sucedieron las declaraciones que inciden en que aún está lejos de resolverse el problema y en que hay que asumir responsabilidades que pasarían por dimisiones.

Aragonès, en un acto en Barcelona con motivo del Día de Europa, evitó aludir a este asunto, pero la portavoz de ERC, Marta Vilalta, exigió «como mínimo» la dimisión o cese urgente de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y avisó que no se conformarían con la de la directora del CNI.

También Unidas Podemos, insistió en reclamar dimisiones «al más alto nivel» porque, de lo contrario, se estará causando un daño grave a la democracia y a la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, hizo esa petición sin mencionar expresamente quién o quiénes deberían ser cesados.