Por los niños se hace de todo. Incluso los diputados de las Cortes son capaces de dejar a un lado sus diferencias. La Ley de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha saldrá aprobada por unanimidad, como hoy han adelantado PSOE, PP y Ciudadanos en la Comisión que tenía que debatir las enmiendas a la normativa. El debate se saldó con la aprobación de 51 modificaciones, 21 de ellas propuestas por el PSOE, 15 del PP, 12 de Ciudadanos y tres más que se transaron, con un texto nuevo para aunar planteamientos coincidentes de los tres partidos. 

La clave de este acuerdo está por un lado en la materia que aborda esta ley. «En estas cosas es en las que hay que estar juntos», expuso la diputada de Ciudadanos, Elena Jaime. Otra de las claves es que muchas de las enmiendas eran parecidas entre los tres partidos porque las habían reclamado Unicef, la Asociación de Familias de Acogida o la Plataforma de Organizaciones por la Infancia. «Muchas son idénticas y las que no, con el texto de las tres propuestas las podemos sacar adelante», apuntó la portavoz del PSOE, Ana Isabel Abengózar. Y la tercera clave es que hubo un receso amplio antes de las votaciones para negociar. Duró más de hora y media. «Ha sido un receso largo, extenso, se ha debatido mucho y hemos llegado a acuerdos», resumió el parlamentario del PP, Vicente Aroca. 

Uno de esos acuerdos alcanzados incorporará a la ley la obligación de hacer protocolos de «prevención, detección e intervención y seguimiento» para la «detección y denuncia de situaciones de violencia, riesgo o desprotección en niños y adolescentes». Se incide en la coordinación entre los ámbitos sanitario, educativo, de servicios sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fiscalía de Menores y Juzgado de Menores. 

Vicente Aroca, del PP - Foto: Cortes CLMOtro de los acuerdos establece que se debe crear un Observatorio específico de la Infancia y la Adolescencia con las entidades del Tercer Sector que trabajan en esta área. Se definirá en la ley como «órgano de investigación, formación y estudios». También se ha añadido una disposición pactada por los tres grupos que obliga a que las normas que puedan afectar a la infancia y la adolescencia tendrán que ser sometidas a un informe previo de impacto: «Se tendrá en cuenta el principio de interés superior de la persona menor de edad».