La exigencia de Bruselas a España para que acometa antes de que termine este año una reforma de las pensiones si quiere recibir los fondos Next Generation UE no es un tema fácil de gestionar para el Gobierno de Pedro Sánchez en medio de un contexto económico y político ya difícil de por sí y que, por si fuera poco, se ve agravado por una desbocada inflación que desde junio se mantiene por encima de los dos dígitos, con un 10,2% en sexto mes, 10,8% en julio y un 10,5% en agosto.

La Comisión Europea tiene muy claro que el sistema de la Seguridad Social español no es sostenible y, de hecho, entre las medidas que más énfasis plantea está desligar estos subsidios del IPC, puesto que con el cierre de la inflación este año se incrementará en mayor medida la deuda pública. Entre los requerimientos de mayor calado que solicita está que se alargue el período de cálculo como condición para recibir las ayudas comunitarias de recuperación, lo que equivaldría una merma importante de las pagas para los jubilados. 

Se trata de una propuesta muy difícil de negociar con unos sindicatos que ya se han mostrado totalmente en contra de este planteamiento sino existe una contraprestación satisfactoria que lo pueda compensar. 

En este contexto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha ido dejando caer varias ideas. La última esta misma semana, a ver si los agentes sociales cogen el guante y empiezan a dar forma a una reforma que ha entrado ya en la cuenta atrás, puesto que debe estar aprobada este mismo año para aplicarse desde el 1 de enero de 2023.

Además, Escrivá avanzó que está estudiando elevar el período de cómputo para el cálculo de la pensión, aunque descartó que la intención del Ejecutivo sea llegar a los 35 años, frente a los 25 años vigentes. No obstante, no desechó que la reforma contemple un período mayor que el actual, así como subir progresivamente el subsidio máximo y, al mismo tiempo, la base más alta de cotización, lo que contribuirá a garantizar la sostenibilidad del sistema público español.

El titular de la Seguridad Social explicó que, aunque los ingresos por cotizaciones sociales van bien y han crecido en los primeros siete meses del año un 8,6% en comparación con el mismo período del curso anterior hasta alcanzar un nuevo récord sobre los últimos 15 años con 80.762 millones de euros, se necesita un mecanismo acorde a los nuevos tiempos. También remarcó que para uno de cada tres trabajadores los mejores años de cotización ya no son los últimos de su carrera laboral, como sí sucedía tradicionalmente, sino que con las últimas crisis acontecidas el escenario ha cambiado radicalmente.

Por eso, y a fin de mejorar la equidad del sistema, Escrivá subrayó la necesidad de que «hay que dar una vuelta a esto» y analizar con los agentes sociales si se puede actuar sobre el tiempo de cálculo de la pensión y, al mismo tiempo, «destruir los peores años» y dar un mejor tratamiento a las lagunas de períodos en los que no se cotizó por no estar empleado.

Un escenario por definir

Por su parte, el Banco de España también se pronunció al respecto hace unos días y alertó que en este momento existe un escenario por definir en el que las pensiones podrían bajar 200 euros al mes si el Gobierno decide ampliar el cálculo a 35 años, recortando la prestación media de 1.400 a 1.200 euros.

El órgano que preside Hernández de Cos explicó que sería posible introducir diferentes elementos moduladores, como fórmula para amortiguar parte del golpe. Por ejemplo, si se adopta el cálculo a 35 años pero se permite dejar fuera de la ecuación los años de menos ingresos y cotizaciones, se puede aminorar el impacto del recorte, pero solo en algunos supuestos.