Es uno de los mayores desafíos sociales de América Latina: las comunidades indígenas en el continente siguen viviendo entre la marginación, el olvido estatal y, en muchos casos, una violencia que parece ser lo único que no cambia de un Gobierno a otro.

Brasil: la amenaza de Bolsonaro 

Los indígenas han denunciado el incremento de la violencia y un creciente hostigamiento hacia sus comunidades en Brasil, especialmente desde la llegada a la Presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro, en enero de 2019. «Desde la redemocratización nunca hemos vivido un escenario tan violento como el de ahora, solo es comparable con los años de la dictadura militar (1964-1985)», afirma Dinamam Tuxá, de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil.

Los datos son preocupantes. Las invasiones, explotación ilegal de recursos y daños en tierras por parte de madereros, mineros, cazadores y pescadores ilegales se han disparado desde 2019, y en 2020 registraron 263 casos.

Tuxá sostiene que ese «retroceso» es un «reflejo directo del discurso de odio que promueve Bolsonaro», partidario de la minería en reservas indígenas y quien ha impulsado la flexibilización de las leyes ambientales y recortado el presupuesto de los órganos que fiscalizan la Amazonía. Un impacto negativo que «va a notarse varios años», añade.

Colombia: en el centro del conflicto 

Después de décadas de conflicto armado en el que las matanzas, desplazamientos y homicidios se cebaron especialmente con los indígenas, en Colombia aún estas comunidades siguen sufriendo día a día el embate de la violencia.

En este país se sigue produciendo un «genocidio físico y cultural», según la Organización Nacional Indígena de Colombia, que apunta que en lo que va de año han sido asesinados al menos 85 nativos. 

Las ONG esperan que la situación mejore con el nuevo Gobierno de Gustavo Petro, comprometido a cumplir el acuerdo de paz, que quiere emprender diálogos con otros grupos armados y ha nombrado a una indígena, Leonor Zalabata, como embajadora ante la ONU.

Ecuador: un clamor por la Amazonía 

Desde la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, la organización con sede en Quito que agrupa a los pueblos originarios de los nueve países que comparten la Amazonía, se acaba de lanzar una cuenta regresiva para que se proteja el 80 por ciento del mayor bosque tropical del mundo para 2025.

El objetivo es evitar que la progresiva deforestación del pulmón verde del planeta supere la barrera del 20 por ciento, que consideran como un punto de no retorno.

Perú: el gran desafío 

En Perú, donde el 25 por ciento de la población se identifica como indígena u originaria, los desafíos para reconocer la diversidad cultural y proteger los derechos de los pueblos indígenas aún son múltiples.

Melania Canales Poma, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, lamenta que la situación continúa intacta tras la llegada al poder de Pedro Castillo. Y recuerda que el actual mandatario, pese a que «nunca se ha identificado como indígena», se jactó siendo candidato de velar por las poblaciones históricamente relegadas.

Para la mujer, quechua y oriunda de la región andina de Ayacucho, urge «voluntad política» para garantizar los derechos a una salud y educación interculturales y realizar una reforma que permita que las poblaciones indígenas tengan mayor participación en los espacios de poder, sin la necesidad de depender de los partidos políticos.

Chile: la crisis mapuche 

El pueblo mapuche atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. Varias regiones rurales del sur de Chile, de donde procede esta etnia, han experimentado en el último año una escalada de violencia. Unos episodios que se enmarcan en un histórico conflicto y que se ha visto avivado recientemente por el Gobierno del progresista Gabriel Boric, quien, pese a que prometió que no lo haría, militarizó la zona el pasado mayo.

En 2021, los pueblos originarios fueron incluidos por primera vez en la redacción de la nueva Constitución, que se votará en septiembre, con 17 escaños repartidos entre 10 etnias (mapuche, aymara, diaguita, lickanantay, quechua, rapa nui, yagán, kawéskar, colla y chango). El proyecto constituyente estableció que Chile sea «un Estado plurinacional» y que los indígenas tengan derecho «a la autonomía y al autogobierno».

México: un grito contra la violencia

En México, donde más de 23 millones de habitantes se consideran indígenas, una de las cifras más altas de la región, los pueblos originarios afrontan la proliferación de grupos armados, en particular en Chiapas, el estado con mayor población indígena.

Las disputas del crimen organizado por el control del territorio han incrementado los desplazamientos forzados de los pueblos originarios, según informes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Los desplazamientos internos en Chiapas se triplicaron en 2021, derivado de la violencia por grupos armados, y los municipios donde se refleja este fenómeno son Aldama, Chalchihuitán, Venustiano Carranza, Chenalhó, Pantelhó y, últimamente, La Trinitaria y Frontera Comalapa.

Bolivia: una esperanza atenuada 

Bolivia es uno de los países con mayor personas indígenas. Según el último censo de 2012, entre el 41 y el 49,3 por ciento de su población se identificó con alguno de los 36 pueblos o naciones reconocidas por la Constitución de 2009, que declaró al país como Estado plurinacional.

En los últimos años la presencia de la población indígena se ha hecho visible en cargos públicos de la mano del gobernante Movimiento al Socialismo, pero esta sigue siendo una cuestión conflictiva por quienes piden una mayor participación política al margen de un partido. Asimismo, sienten que sus derechos y formas de vida no son respetados pese a estar reconocidos en la Constitución y consideran que ello se debe a que no apoyan al oficialismo.

Muestra de esto ha sido la confrontación de los pueblos de tierras bajas (Amazonía y el oriente boliviano), considerados críticos con el Gobierno, que exigen medidas contra el avasallamiento y el respeto a sus territorios ante comunidades llegadas de otras regiones, especialmente aimaras y quechuas, en su mayoría afines al oficialismo.