«Es un suplicio vivir a su lado». Lo dicen todos los vecinos que tienen la desgracia de lidiar a diario con cualquiera de los muchos narcopisos que, en los últimos años, proliferan como las setas después de una tormenta en las grandes ciudades de España. Madrid y Barcelona están a la cabeza pero también se nota un incremento en otras zonas tan lejanas geográficamente como Galicia o Algeciras.

Los bloques que tienen la desgracia de albergar uno de estos supermercados de la droga como también son conocidos viven cada día una pesadilla. Trasiego constante de compradores, desde viejos yonquis heroinómanos exhibiendo su profundo deterioro a compradores de marihuana, hachís o coca. Gritos, discusiones, peleas, sangre en el portal, orines y también prostitución. Un completo cartel del horror a la puerta de casa.

Hasta no hace muchos años se encontraban alejados de los núcleos urbanos, en poblados chabolistas, pero actualmente hay más presencia en «edificios de altura».

Y lo malo es que están en auge. De hecho, la Fiscalía Antidroga advierte que el comercio de estupefacientes llevado a cabo por organizaciones o grupos criminales se ramifica por todo el territorio nacional, si bien alerta específicamente sobre algunos fenómenos, tales como los narcopisos en Madrid y Barcelona o la configuración de Galicia y la Bahía de Algeciras como centros neurálgicos de esta actividad delictiva, según recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) referida a 2021.

«El tráfico de drogas a que se dedican organizaciones y también grupos criminales se extiende por todo el territorio nacional, sin olvidar la existencia de fenómenos particulares de determinadas zonas y la detección de nuevas tendencias», que genera problemas de seguridad pública y «otros de auténtica seguridad ciudadana», establece el dosier.

En concreto, fija su atención en «el fenómeno de los llamados narcopisos, generalmente en el centro de las ciudades (Madrid, Barcelona, Cádiz o Huelva), e incluso de pueblos y el de barrios enteros con un tráfico muy intenso de drogas (en Barcelona o Madrid)», así como en «el incremento y la extensión a todo el territorio nacional de las asociaciones o clubes cannábicos, cuyo origen puede situarse en Cataluña -especialmente Barcelona- y País Vasco, pero que se han extendido a otros territorios».

También pone de relieve «el mantenimiento de organizaciones tradicionales que recuperan sectores de actividad delictiva, como sucede con las llamadas mafias gallegas, dedicadas al desembarco de cocaína en dicha comunidad autónoma (Coruña y Pontevedra)».

La Memoria expone que «Galicia, además de ser una zona que mantiene una importante actividad de tráfico de cocaína, actúa como un centro logístico de distribución de heroína, que procede de Holanda por carretera, y que extiende sus efectos a la propia comunidad autónoma, e incluso a Portugal y Andalucía».

«Parece que las organizaciones gallegas dedicadas a esta última actividad -y que parecen desconectadas de las dedicadas al tráfico de hachís o cocaína- prescinden de Madrid como posible lugar de paso y reciben la droga a través de vías de alta capacidad», detalla.

El comercio de estupefacientes en la Bahía de Algeciras es igualmente «muy significativa», advierte el informe. Describe, además, una «doble realidad». Por un lado, la operativa en este puerto, con la entrada de cocaína en contenedores, incluso en grandes envíos con más de una tonelada, que «en principio no genera problemas de seguridad ciudadana pero sí de salud pública»; y con «la entrada de hachís procedente de Marruecos por vía de vehículos particulares o de transporte», que se ha visto «sensiblemente reducida» por el cierre de la frontera a consecuencia de la crisis con Rabat.

Y, por otro lado, retrata una segunda realidad que sería «la implantación de organizaciones y grupos en la Bahía, dedicados especialmente al tráfico de hachís, y que es, en principio, donde se están destinando los mayores esfuerzos policiales», una presión policial que «parece haber conseguido controlarla o al menos reducir de forma significativa».

Plantaciones de cannabis 

La FGE alerta asimismo en su Memoria de que el problema que representan las plantaciones de cannabis continúa en la actualidad, con «intentos de pasar superficies ilegales como plantas de cáñamo para uso industrial»; «defraudaciones de fluido eléctrico y el correspondiente desabastecimiento de suministro en determinadas poblaciones»; o «la implantación en España de organizaciones extranjeras violentas, dedicadas a la producción y exportación al resto de Europa».

Observa además «la proliferación de organizaciones y grupos que, en lugar de cultivar ellos mismos los estupefacientes, tratan de sustraer las cosechas (los conocidos como vuelcos), con uso de armas de fuego y una gran violencia». «De este modo, si en un primer momento parecía haber una cierta vinculación de las plantaciones de cannabis de pequeña extensión con los llamados clubes cannábicos, el fenómeno actual implica la existencia de auténticas organizaciones».

Respecto a estos cultivos ilegales, la Memoria recoge las valoraciones realizadas por el fiscal delegado de Barcelona, el cual «enfatiza el aumento exponencial observado en las proporciones de principio activo, que llevan a postular la conveniencia de fiscalizar toda la planta, y reconsiderar si no se trata ya de sustancias que causan grave daño a la salud». En consecuencia, la Fiscalía General del Estado considera que «sería necesario un abordaje integral del problema del aumento exponencial de plantaciones de cannabis y del principio activo que contienen, que incluya la fiscalización de toda la planta, la evaluación de su carácter de sustancia que causa grave daño a la salud, según la proporción de principio activo (THC), la evaluación de la notoria importancia y la extrema gravedad por el número de plantas incautadas, y no por el supuesto peso del principio activo, y, finalmente, el proceso de destrucción de las plantas intervenidas».

Dos millones de kilos

En cuanto al impacto de la pandemia, el Ministerio Público destaca que, desde el punto de vista del tráfico de sustancias ilegales habría impactado solamente en «la actividad delictiva que estuvo restringida por el largo período de limitación de movimientos de la primavera pasada y el cierre de establecimientos y fronteras».

A nivel estadístico, la Memoria resalta que en 2021 se destruyeron 2.277.342 kilos de droga frente a los 551.177 de 2020, lo que supone un 313 por ciento más, mientras que los procedimientos por tráfico de drogas aumentaron un 4,47 por ciento (20.890 respecto a los 19.996 del año anterior), con más de 1.000 en Madrid, Barcelona, Málaga, Cádiz/Ceuta, Granada y Alicante, por este orden.

En la Audiencia Nacional (AN), aunque «se mantiene en general la progresiva disminución de procedimientos incoados» por este delito, «este año ha habido una ligero aumento», pasando de 63 en 2020 a 66 en 2021, lo que supone un repunte del 4,76 por ciento. En cambio, el número de sentencias dictadas se redujeron desde las 31 de 2020 a 29 en 2021.

La FGE aprovecha este epígrafe para reiterar la propuesta que ya hizo de viva voz el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados e incide en que «debería redefinirse la competencia de la Audiencia Nacional en la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos de tráfico de drogas».

La Fiscalía cree que la regulación vigente «ha quedado obsoleta» porque «impide la investigación y enjuiciamiento por la Audiencia Nacional de organizaciones, incluso trasnacionales, si en España están implantadas en una sola provincia, y, por el contrario, trae a la Audiencia Nacional determinados supuestos de redes que, en realidad, son organizaciones o grupos independientes».

«La nueva regulación debería incluir al menos las investigaciones sobre grupos u organizaciones trasnacionales que sean objeto de investigación por otros países, profundizando así en la centralización en la Audiencia Nacional de la cooperación judicial internacional», propone finalmente.