Al igual que la libertad de expresión tiene límites, el derecho de manifestación no habilita para romper escaparates, saquear comercios, incendiar contenedores, agredir a la policía, atacar a medios de comunicación y aterrar a los ciudadanos. Por eso, los disturbios y actos vandálicos de los últimos días tras la entrada en prisión de Pablo Hasél, que poco tienen que ver con la libertad de expresión, deben ser condenados por todos y solo merecen una repulsa sin fisuras. Y por eso, la mayoría de la sociedad asiste atónita a cómo un partido que forma parte del Gobierno mantiene una estrategia tan incendiaria y se niega a condenar con rotundidad unas protestas violentas que supuestamente en defensa de una libertad vejan muchas otras y, por contra, alienta a los manifestantes desde las redes sociales al más burdo estilo ‘trumpista’. Pablo Iglesias pretende aprovechar esta violencia por la violencia para seguir embarrando nuestra democracia y sus valores con su indecente campaña de desprestigio. Tardó demasiado la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en desmarcarse de su socio y condenar una violencia inadmisible. Y esta semana se equivocará gravemente si sigue permitiendo esta continua deslealtad al Estado. Unidas Podemos debe expresar claramente que no auspicia ni disculpa actos violentos o Sánchez debería reconsiderar seriamente la inoportunidad de una alianza con un partido que adopta ademanes antisistema incluso estando en el Gobierno.
Por otra parte, la violencia extrema de las algaradas en Cataluña contrasta con lo sucedido en Madrid donde el dispositivo policial ha logrado neutralizar la agresividad de los manifestantes. La impunidad con la que han campado estos días los saqueadores por el centro de Barcelona, y no es la primera ni la segunda vez, solo se puede explicar por la decisión política de no desplegar suficientes agentes en la calle y porque los independentistas han sido demasiado tolerantes en otras ocasiones con los violentos. Más de lo mismo ahora: JxCat, el partido del ‘conseller’ de Interior, se alinea con los anticapitalistas de la CUP y critica la supuesta mala praxis policial, mientras a los de Pere Aragonès parece que también les da igual instrumentalizar a los Mossos para lograr una investidura independentista. Es difícil de entender cómo los catalanes consienten tales disparates. Tanto como que hace una semana hubiese elecciones en Cataluña y, entre los partidos que no condenan estos incidentes, sumen la mayoría de los votos. Sentenció ayer en una entrevista el estéril ganador del 14-F, Salvador Illa, que quien no defienda a los fuerzas del orden público «debería quedar inhabilitado para gobernar». Ahora solo falta que también tomen nota quienes se sentaban con él en el consejo de Ministros hasta hace cuatro días.