Los tres grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha -PSOE, PP y Ciudadanos (CS)- han presentado 85 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia de Castilla-La Mancha, en las que coinciden en pedir un Observatorio de Infancia y Familias y más medidas contra la violencia.

Las 24 enmiendas registradas por el grupo socialista, las 33 del grupo popular y las 28 de la formación naranja se debatirán este miércoles en Comisión. Se incluyan o no modificaciones, después  se enviará el texto al pleno para que se vote y apruebe definitivamente. 

Los tres grupos han solicitado añadir al articulado de la ley la creación del Observatorio de Infancia y Familias de Castilla-La Mancha, en el que tiene que estar presente el Tercer Sector, así como la oposición ha presentado varias enmiendas tendentes a valorar el trabajo de las asociaciones en el ámbito de los menores y su participación en los órganos que se deriven de la nueva normativa.

También han coincidido los tres grupos en pedir, a través de las enmiendas, un mayor impulso a las medidas de prevención y atención en casos de violencia sobre los menores y, en este punto, tanto PP como Ciudadanos han solicitado la coordinación con los servicios sociales de Atención Primaria, si bien todos han abogado por una estrategia de prevención y por la implicación de todos los actores que intervienen en estas situaciones.

De igual forma, todos los partidos apuestan por un «enfoque multidisciplinar» de las políticas y acciones en materia de infancia y familia, por la importancia de la inclusión y por la correcta ejecución de las medidas de acogimiento, como el contacto del menor con sus padres biológicos siempre que el entorno y las circunstancias lo consideren oportuno.

Plantean, de igual modo, la creación de unidades educativas terapéuticas para alumnado con necesidades educativas especiales y que haya profesionales de las distintas disciplinas presentes en las comisiones provinciales de seguimiento de la ley.

Ciudadanos, además, ha incidido, como en el resto de normativas regionales que se tramitan en el Parlamento autonómico, en que tiene que haber un seguimiento y evaluación de las políticas y medidas que se pongan en marcha y en que quede recogido, por ley, que la Administración autonómica tiene la «obligación» de llevar a cabo inversión y gasto en política de infancia para la financiación de las diferentes actuaciones.