Corren tiempos difíciles en España y fiel reflejo de todo ello es el último informe del Defensor del Pueblo, que en 2022 recibió 31.077 quejas, 2.062 más que en 2021, la mayoría de ellas relacionadas con la sanidad y otros servicios públicos, junto a los obstáculos para solicitar citas o trámites administrativos por los retrasos y la digitalización.

«Los ciudadanos han insistido con sus quejas en que las administraciones no deben descuidar la sanidad ni los servicios públicos esenciales, y también que los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial para personas que, por circunstancias, tienen dificultad para acceder a la comunicación virtual u online», señaló el máximo representante de este organismo creado en 1981, Ángel Gabilondo.

Los asuntos que más preocuparon tuvieron que ver con la Seguridad Social y el empleo, la Justicia, la función pública, asuntos de Interior, educación, migraciones, servicios públicos, asilo, sanidad y la actividad económica.

Por procedencia geográfica, el mayor número de reclamaciones llegaron de la Comunidad de Madrid (7.780), Andalucía (3.394), Comunidad Valenciana (3.154) y Cataluña (2.975). No obstante, nueve regiones tienen la figura del Defensor.

En el capítulo sanitario, la atención primaria se lleva la palma, con quejas por demoras de «varios días y hasta semanas». También, por listas de espera para consultas externas y pruebas diagnósticas con demoras de hasta 30 meses en Madrid o 22 en Zaragoza. 

Gabilondo volvió a alertar de los retrasos en la administración de Justicia y pidió que se tengan en cuenta a la hora de diseñar los nuevos órganos. Reclamó también digitalizar y dotar de más medios al Registro Civil Central, una de las instituciones más saturadas. «Es un problema estructural», denunció.

Hay un tema que preocupa a la ciudadanía y es el de la violencia machista, con el repunte que se registró en diciembre del año pasado, el más trágico de las dos últimas décadas. Así, recomendó modificar la ley de Violencia de Género y evitar una interpretación restrictiva del derecho a la Justicia gratuita de las víctimas. 

En cuanto a Educación, el informe clama por el desigual acceso de las familias españolas al comedor escolar, cuya cobertura pide ampliar, y censura al Ministerio por denegar becas al alumnado cuyas familias superan el umbral de renta por el hecho de estar recibiendo ayudas de emergencia social.

Sobre el polémico salto a la valla de Melilla en junio de 2022, en el que murieron una veintena de inmigrantes, Gabilondo admitió «diferencias de criterio» con Interior.