A veces conviene hacer el ejercicio de analizar una situación cambiando el nombre de quien protagoniza o ha provocado esa situación, y adjudicándosela a su adversario.

Por ejemplo ¿cómo se tomarían los votantes de izquierdas que, ante la ratificación por parte del Supremo de una condena por corrupción a un dirigente del PP, Feijóo declarara que pagan justos por pecadores y abriera la puerta a un indulto? ¿Cómo respondería el gobierno y el Psoe si un presidente de gobierno del PP actuara como actúa Sánchez y, sabiendo que el TS daría a conocer en otoño su sentencia condenatoria para el dirigente del PP, pusiera inmediatamente en marcha una operación que la neutralizara? Operación que permitiría al CGPJ nombrar a los dos candidatos al Tribunal Constitucional que le corresponden, aunque tenía bloqueado los nombramientos mientras estuviera en funciones. De esa manera, podría el gobierno nombrar los dos miembros del TC que le corresponden, que evidentemente serían progresistas, de manera que cuando llegara al TC el recurso del dirigente condenado, con la petición de que no ingresara en prisión hasta que se viera el recurso, esa petición se aceptaría de inmediato.

Ante una maniobra así ¿se quedarían quieto, callados, los políticos, militantes y votantes de la izquierda? Seguro que no. Acusarían al PP de no respetar las decisiones de la Justicia, ni siquiera las de su más importante tribunal, el Supremo. Se montaría un escándalo sin precedentes, presentando al PP como un partido que ampara la corrupción. Habría convocatoria de una manifestación ante la sede del PP, con la palabra corrupción en la cartelería y exigiendo justicia. Hasta es posible que se llevara al Congreso la petición de una comisión de investigación, aunque esas comisiones ya se sabe que no sirven para nada excepto para enredar, llenar de oprobio al adversario y elegir los comparecientes teniendo buen cuidado de que en ningún caso sean convocados los del partido propio que puedan ser pillados en falta.

Exactamente ese escenario es el que promoviendo el gobierno y el Psoe ante la ratificación del Supremo de la condena a los responsables del caso de los ERE. Dan pena los condenados a prisión, siempre dan pena, sobre todo cuando se les conoce y además, como en el caso de Griñán, está enfermo. Pero lo peor que puede hacer un presidente de gobierno si de verdad quiere ayudar a un compañero, a un amigo, es arremeter contra la Justicia, desacreditar a sus instituciones, levantar a conveniencia los vetos al Consejo General del Poder Judicial para marcarles cuándo sí y cuándo no pueden realizar nombramientos si están en funciones, y además sacar pecho anunciando, advirtiendo, que ahí están los indultos para corregir los desatinos de los tribunales.

Ni pensar, qué ocurriría en esta España nuestra si fuera un gobierno del PP el que desafiara a la Justicia. ¿No van a decir nada los dos jueces que forman parte del Consejo de Ministros?