Desde que el pasado verano se aprobara en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), no se ha dejado de hablar de ella. Uno de los focos de preocupación es la financiación, y es que en buena parte correspondería a las comunidades autónomas hacer frente a cambios derivados de la aplicación de la norma.
Este tema fue precisamente el que se abordó en la tarde de este miércoles en un encuentro entre el ministro de Universidades, Joan Subirats, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Se trata de un encuentro previo a la puesta en marcha de la LOSU, y según la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosa Ana Rodríguez, que compareció para dar cuenta de los detalles de la reunión, el Ministerio se «compromete» a «escuchar la voz de las comunidades autónomas, especialmente la voz de Castilla-La Mancha».
Ya a finales de septiembre el presidente regional abogaba por un acuerdo entre el Gobierno y las autonomías sobre la Ley de Universidades. Y en ese contexto movió la conversación de ayer. El ministro reconoció la complejidad de este momento en el que se está en pleno proceso de tramitación de la nueva ley, «sabemos de la preocupación que existe no solamente en Castilla-La Mancha, sino en otras comunidades autónomas en relación al tema de la financiación», por eso, confirmó que está trabajando para que se tenga en cuenta «la relación compleja entre Estado, comunidades y universidades y estamos interesados en dar seguridad», avanzó Subirats. Reconoce que la ley incorporará elementos que van a mejorar el funcionamiento de las universidades, pero eso tiene que venir «compensado» con una financiación adecuada. «Hay un compromiso desde el Gobierno de España de reconocer esa necesidad de mejora de la financiación» siempre desde la colaboración, afirmó.
12 millones. Según el cálculo del Ejecutivo regional, teniendo en cuenta la Universidad de Castilla-La Mancha y la de Alcalá, la aplicación de la ley tendría un coste de «unos 12 millones de euros al año», como avanzó Rodríguez, siendo la mayor parte destinada a profesorado. Sobre la reunión explicó que se van a seguir «acercando posturas poco a poco» y que hay un «ánimo de reflexión y de análisis conjunto» para abarcar ese «posible» acompañamiento de la financiación que supondría la nueva ley.