El Ministerio de Justicia tiene pensado aprobar un refuerzo de cien profesionales para todo el país, pero la ministra, Pilar Llop, sabe que «el sistema de justicia es como un agujero negro que se come todos los recursos que le echemos». Explica que es porque tiene una organización muy poco eficaz. Por eso está tramitando leyes de eficiencia y está trabajando con las comunidades autónomas para reorganizar el modelo.
Esta mañana se ha reunido Toledo con los consejeros de Justicia de aquellas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias. No estaba, por tanto, Castilla-La Mancha, aunque en la reunión sí hubo castellano-manchegos, pues participó el delegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que acudió en representación de la FEMP, la Federación de Municipios y Provincias.
«Es evidente que los juzgados están sometidos a una gran carga de trabajo», reconoce Llop. Pero también añade que «a veces no es tanto la falta de recursos, sino que tenemos un modelo organizativo que es un modelo muy eficiente». Lo califica de «obsoleto» y por eso está empeñada en cambiarlo.
Diseñando el despliegue de oficinas judiciales municipales - Foto: Javier PozoUno de los cambios vendrá con las oficinas municipales judiciales. «La idea es que se vertebre todo el territorio, que ponga la Justicia a mano de los ciudadanos, literalmente», explicó. Señala que primero hace falta que salgan adelante las leyes de eficiencia y reconoce que son normativas complejas. Por eso se marca como plazo esta legislatura, que termina a finales de 2023. «Para antes de final del próximo año tenemos que tener ya diseñado el despliegue de la vertebración del territorio de oficinas municipales judiciales», se comprometió.
Llop explicó que en esas oficinas los ciudadanos van a poder hacer declaraciones, juicios virtuales, acceder a expedientes y evitarse muchos desplazamientos. Indica que el objetivo es que «cualquier ciudadano en cualquier lugar que se encuentre pueda acceder a los recursos de la Justicia». Defendió que es también un servicio público y quiere que «esté al nivel del servicio público educativo o sanitario».
En la Sectorial también se avanzó en la coordinación de los sistemas de gestión procesal. Explicó que había siete en la actualidad y que ya van a ser interoperables con el Supremo. Asegura que es una «gran novedad» y que llevaban años trabajando en este proyecto. «Es un gran primer paso para avanzar en la interoperabilidad y diálogo tecnológico», expuso, « para que los juzgados hablen entre sí y que hablen con otras instituciones».
También informó a los consejeros de Justicia del sistema de becas que va a implantar para los estudiantes que se presentan a las oposiciones para letrados, fiscales, abogados del Estado, etc. Serán 245 becas de 6.100 euros al año. «No hay nada tan democratizador como dar igualdad de oportunidades para acceder a estos cuerpos», apuntó.