Es una verdadera lástima que, lo que debía ser un paseo triunfal para una declaración institucional en las Cortes con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se haya convertido en un nuevo motivo de confrontación política. Más aún después de lo visto –y oído– en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles, con una diputada de Vox –Carla Toscano es su nombre– insultando a la ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmando que su único mérito era haber estudiado «en profundidad» a Pablo Iglesias.
«Para que Vox pasara ese límite, antes muchos lo estaban rozando» dijo la ministra. Y ahí está uno de los problemas, y no menor, para que tengamos que seguir conmemorando esta fecha, 25 de noviembre, y seguir condenando no solo asesinatos de mujeres y sus hijos, o los maltratos físicos y psicológicos hacia las mujeres, sino este tipo de actitudes que están tan arraigadas, para que una parlamentaria haya llegado a ese extremo, y para que sea jaleada por su grupo parlamentario.
Ya sabíamos que si Vox llega a las Cortes de Castilla-La Mancha no firmará una declaración institucional contra la violencia machista. Ya ha ocurrido en el ayuntamiento de Toledo, por ejemplo. Pero llama la atención que, sin ese partido en el parlamento, tampoco haya sido posible el acuerdo por una artimaña política. El PP se descolgó a útlima hora porque la declaración no recogía ninguna mención a la ley del 'solo sí es sí', «después de que está suponiendo que los violadores rebajen sus penas» dijeron fuentes 'populares' a este diario, aprovechando un acontecimiento institucional contra la violencia machista, para intentar desgastar políticamente al Gobierno de España.
Ya no solo es el hecho machista, que existe, está en nuestra cultura, ha formado parte de nuestras vidas, y solo podrá ser erradicado desde la educación y la condena pública para que esta diputada –Carla Toscano se llama– no pronuncie frases así de manera impune. Es el dudoso hecho, y de difícil justificación, de intentar aprovechar una polémica con una ley para empañar una declaración institucional en el día contra la violencia de género. El ataque al Gobierno por esta ley, su interpretación, y la puerta que deja abierta a la rebaja de condenas, es legítimo, pero aprovecharla para negarse a firmar una declaración institucional no deja de ser una artimaña de difícil explicación. Ni siquiera lo solicitaron, reconocieron después.
Esa declaración por el 25N garantizaba el «firme compromiso» de las Cortes para continuar desarrollando y estableciendo los mecanismos necesarios para prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas, y «manifiestan su dolor y repulsa ante los asesinatos machistas, condenan todo tipo de violencia contra las mujeres y se comprometen a ser firmes en su compromiso para trabajar desde la unidad parlamentaria en el desarrollo legislativo de toda medida encaminada a la eliminación de la violencia de género y la prevención de la misma».
Por eso es una pena que se prive al parlamento de esta declaración y se empañe así este día 25N.