No se sabe qué produce más preocupación, si la carta de la presidenta del Banco Central Europeo a Pedro Sánchez, advirtiéndole que no está siguiendo las normas que regulan los fondos europeos y su control, o la respuesta del gobierno diciendo que las recomendaciones del BCE no son vinculantes.
No serán vinculantes, pero sus pronósticos respecto al futuro económico de España, y la necesidad de tomar determinadas medidas para afrontar la difícil situación económica que vivimos, coinciden milimétricamente con las del Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, los gabinetes de estudios de los principales bancos españoles y la mayoría de las instituciones financieras que mueven el dinero del mundo. Con una agravante: antes de que finalice el año, España debería recibir 16 mil millones de euros de los fondos europeos que nos corresponden, y nos jugamos el tipo si no respondemos a los muchos requerimientos que hace Bruselas desde hace meses y, ahora, el anuncio de alerta que envía Lagarde.
Uno de los puntos que genera más críticas por el reparto de los fondos que llegan a España es su falta de control y la evidencia de que no llegan a las pymes. Tampoco se están cumpliendo los compromisos adquiridos a través de los pertes, los proyectos energéticos para la recuperación y transformación económica, uno de los puntales político-económicos de la UE. Y otro punto preocupante es que el BCE advierte que la subida de impuestos a la banca podrían recaer en los clientes, lo que se adivinaba.
Transmite Moncloa que el intercambio de información con Bruselas y Frankfurt es correcto, y que no se puede hacer caso a las voces de alarma que llegan desde la oposición y desde despachos con intereses muy concretos. Que se están tomando las medidas adecuadas para paliar los efectos de la inflación, que España está en mejor condición que otros países para luchar contra la crisis energética, no hay recesión sino crecimiento, aunque reconocen que es menor del esperado, y que la prueba de que el equipo económico está trabajando bien es que se mantiene el empleo.
Explicaciones más preocupantes que si reconocieran que la situación no es buena y se van a tomar decisiones para paliar los efectos de la crisis. Que reconocieran que hay datos que afirman que un porcentaje grande de los empleados son fijos discontinuos, que la inflación en la cesta de la compra duplica o triplica las cifras oficiales, que un tercio de los colegiales ya no pueden pagar el comedor y centenares de miles de familias no pueden hacer frente al incremento brutal de sus hipotecas. Por no mencionar la miseria, sobre la que ha alertado Cáritas, que de miseria y pobreza sabe más que cualquier organismo del Estado, porque está a pie de calle tratando de aliviar los problemas de los más desamparados y, ahora, de miles de familias de clase media con dificultades para comer, calentarse y vestirse.
No hay gobierno que asuste más que el que niega la realidad.