Si se lograse reducir en tan solo un punto el colapso en los tribunales, Madrid ganaría 3.400 viviendas en alquiler. Este es tan solo uno de los datos con los que el economista Juan Mora-Sanguinetti revela cuál es La factura de la injusticia para la economía española. ¿Pero cómo está la «salud» del sistema judicial en nuestro país? ¿Es tan lento y costoso como para preocuparse?

Este abogado, investigador y economista del Banco de España, repasa cuál es el impacto -positivo o negativo- del estado actual de los tribunales y cómo afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos y al bienestar social, siempre a largo plazo.

En su investigación, recogida en su nuevo libro, logra desmontar con datos que la justicia española, que entre 2010 y 2020 resolvió uno de cada 1,8 casos judicializados, no es mucho más «lenta» ni está más «congestionada» que la de otros países del entorno europeo como Francia, Alemania o Italia.

Sin embargo, «no debemos conformarnos» porque «hay muchas cosas por hacer», como por ejemplo reducir las enormes diferencias entre el «atasco» de casos que existe en las comunidades autónomas de mayor población (Andalucía, Madrid, Cataluña o Comunidad Valenciana) y la solvencia en regiones como el País Vasco o Navarra.

España, afortunadamente, no financia a la baja su sistema judicial. Según los sondeos de Metroscopia, los ciudadanos de países como Francia, Portugal o el Reino Unido gastan de media 90,56 euros en justicia al año, mientras que los españoles destinan 92,6 euros.

El coste de los asuntos legales para nuestras empresas tampoco ahoga sus presupuestos. Si interpusieran una demanda de 100.000 euros, deberían invertir 17.200 para los gastos derivados, mientras que la media de nuestro entorno se sitúa en 24.500 euros.

En cuanto a la lentitud, en España se necesitan 272 días para resolver un conflicto civil en primera instancia, mientras en los países de la OCDE -según datos de esta organización- la media está en 238 días. ¿Pero es oro todo lo que reluce?

La «relativa» lentitud y congestión de la justicia en España se acentuó gravemente a partir de la crisis de 2008, ya que los ciudadanos empezaron a litigar -abrir disputas judiciales- «más que nunca». Y la situación se puede volver a repetir.

El efecto de la COVID-19

Mora-Sanguinetti advierte de las consecuencias que en los tribunales puede acarrear la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de COVID-19. «El derecho a litigar se puede convertir en un gran problema», subraya.

Esto supondría una «avalancha» de casos, una tendencia que ya se está percibiendo en los juzgados y que podría afectar directamente al bolsillo de los ciudadanos y, a largo plazo, al «bienestar» de la sociedad, ya que la seguridad jurídica «define si un país va bien o mal».

Para las grandes empresas españolas, que destinan 12.000 millones de euros cada año a posibles pleitos -más de lo que reservaron los Presupuestos Generales del Estado para infraestructuras en 2021, esta tendencia al colapso judicial sería alarmante. El ciudadano también lo notaría en su vida más cotidiana, y ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, en caso de no reducir en un punto esta situación en los tribunales, podrían llegar a perder 3.400, 3.100 y 1.400 viviendas de alquiler, respectivamente.

Soluciones y propuestas

Los ADR o métodos alternativos de resolución de conflictos son los grandes desconocidos. La mediación o el arbitraje pueden «salvar» el colapso en la justicia española, ¿pero están dispuestos los ciudadanos a acudir a estos sistemas?

Por el momento, Mora-Sanguinetti sí cree que se debe alimentar la predisposición de quienes acuden a la justicia a este tipo de alternativas, como ya se ha realizado en otros países anteriormente con esperanzadores resultados.

Asimismo, hace hincapié en la «tecnificación bien diseñada» como uno de los pilares de la justicia española en el futuro más cercano, pero critica que por el momento no exista un camino común y que se estén creando numerosos sistemas digitales que impiden la interconexión entre los sistemas judiciales de las diferentes comunidades autónomas.

Según la investigación volcada por este experto en el título La factura de la injusticia, uno de los factores que determinan la salud del sistema judicial es tanto la credibilidad de sus magistrados como la de los fiscales, entre otros profesionales del sector jurídico.

En este punto, Mora-Sanguinetti destaca que la percepción de «lentitud» de la justicia está «tremendamente» relacionada con la confianza que genera.

¿Por qué? Por su coste. Unos tribunales atascados son «infinitamente caros», ya que se prolongan en el tiempo los pagos, por ejemplo, a los abogados, y además estas dilaciones transmiten una «grave» falta de predictibilidad.