Antes de que la ministra tomase la palabra, le tocó el turno al vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro. En su opinión, desde que llegaron al Ejecutivo regional eran conscientes de que «había que dar un paso más, un paso adelante para afrontar este problema, el de la despoblación y que afecta a una parte importante de la región». 

«De lo que se trataba», añadió, «es que la gente pudiese elegir libremente dónde quería vivir y para ello nosotros lo que teníamos que hacer es hacer nuestro pueblos atractivos para vivir y atractivos para invertir».

El vicepresidente, que consideró que es fundamental «el consenso social y político», comentó igualmente que estamos ante una cuestión no a corto plazo sino más bien a largo plazo desde el momento en que, «no vamos a obtener resultados contra la despoblación en un plazo corto simplemente porque no existe una varita mágica para resolver esto».

Llegados a este punto no sólo recordó que Castilla-la Mancha ha dado un paso adelantado en esa dirección, empezando por la pionera ley de medidas contra la despoblación que salió adelante con el consenso de todos, sino que subrayó que «detrás de los compromisos tiene que haber igualmente un compromiso claro de asignación de recursos en esta lucha contra la despoblación».

 Así, según expuso a continuación, «por primera vez en la Ley de Presupuestos regional para el 2023 se ha incorporado el impacto demográfico, algo pionero que va a suponer la inclusión en estos presupuestos de 1.700 millones frente a la despoblación, lo que supone el 25% del censo de gasto que tiene Castilla-La Mancha o el 3,6% del Producto Interior Bruto de la región». 

Además, aprovechó la ocasión para asegurar que «hay que ir hacia un modelo de financiación autonómica que incorpore criterios que permitan derivar recursos para poner en marcha, repito, medidas contra la despoblación, para financiar el coste real de los servicios que son competencia de las diferentes comunidades autonómicas».