No hay un solo español que se pueda oponer a la máxima de que hay que ayudar a todo aquel que lo necesite. Vivimos tiempos difíciles, pero, como ocurre siempre, para algunos son más difíciles que para otros, y deben ser estos otros los que deben estar en el centro de la atención pública y es a ellos a quienes deben dirigirse los fondos públicos.
Esta premisa, que es obvia, choca con la inmensa maraña de medidas que semana sí y semana también anuncia el Gobierno, dejando, eso sí, que los ministros den pistas para que la traca final del anuncio la realice el Presidente del Gobierno. Imposible dejar a un lado un cierto tufillo electoral, pero bienvenido sea si, efectivamente, esas medidas llegan a quienes tienen que llegar y en el tiempo debido.
Esto último no está ocurriendo. El Gobierno anuncia medidas que deben ser gestionadas por la propia administración, sea central o autonómica y, además, deben ser explicadas de manera que todo el mundo entienda lo que se propone. Ocurre que muchas de ellas no solo no se entienden por la extraordinaria complejidad de las mismas, sino porque, además, los trámites para acceder a las mismas se convierten en un jardín proceloso que requiere de una formación en las nuevas tecnologías que precisamente quienes más necesitan de esas ayudas no tienen. La infinidad de papeles, de datos, de requisitos que hay que presentar lleva a más de uno al desistimiento y cuando se alcanza a superar el primer paso, que es cuando se da por bueno todo lo que se presenta, la ayuda en cuestión tarda mucho más de lo debido en llegar a las manos de quienes lo necesitan.
A tal punto todo esto es cierto que el ministro Escrivá ha fletado un autobús con funcionarios que tiene previsto recorrer nada menos que cuarenta localidades españolas para atender a aquellos ciudadanos que saben de las ayudas, pero que ni saben ni pueden acceder a ellas.
Comprendo que, ante un mundo tan cambiante, con todos mirando a las criminales ocurrencias de Putin, algunas medidas se tengan que ir acompasando a la realidad del momento, pero cuesta entender que, si se trata de ayudar a quienes más lo necesitan, no se haya simplificado la ayuda necesaria. Bastaría con dar al botón de Hacienda para que se supiera quienes son las personas más necesitadas. Podrán alegar la teoría de la protección de datos, pero ¿de qué protección hablan si todos sabemos que, si quiere, la Administración sabe todo de todos?
¿No hubiera sido mejor que la ayuda que se da a los jóvenes para ir a conciertos, comprar algún libro o un videojuego hubiera ido a la familia de ese joven? Es solo un pequeño ejemplo de lo que, en opinión de muchos, se hubiera podido hacer de forma distinta a la que se ha hecho. Con esos 200 euros, muchas familias, probablemente, podrían comer mejor de lo que comen.
El Gobierno lanza medidas a mansalva, pero sin orden ni concierto. ¿Habrá alguien en España que haya logrado entender las medidas sobre la factura de la luz o lo que hay que hacer para que, cara al invierno, la calefacción no suponga tener que elegir entre pasar frío o pagar el alquiler? Me he molestado en realizar un pequeño sondeo que, si bien no tiene, como es lógico, valor científico alguno, si resulta indicativo de la maraña en la que estamos inmersos. Ni una sola persona, algunos con responsabilidad en comunidades de vecinos, han sabido explicarme en qué consiste lo que se propone.
Y luego el Gobierno se queda perplejo porque la gente parece no valorar su gestión a tenor de lo que dicen las encuestas. Todas las encuestas, salvo la de Tezanos. A todos nos parece bien, muy bien, ocuparse de quienes más lo necesitan, pero ni en esto el Ejecutivo acierta todo lo que debiera.