Con el acuerdo que se ha materializado hoy entre representantes de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el Gobierno de España se da por concluida la huelga indefinida que estos funcionarios mantenían desde el pasado 24 de enero y que había tenido distintos paros parciales desde enero de 2022.
"Es el principio del fin porque acabamos de conocer que se ha firmado con retraso el acuerdo. Lo que se votó ayer fue la propuesta que hizo el Ministerio de Hacienda al comité de huelga. Ayer, tuvimos asambleas en todo el país y se votó un 76% a favor del acuerdo, y hoy, han firmado", explica el delegado de la asocicación UPSJ en Castilla La Mancha y LAJ en Guadalajara, Luis Gómez, que añade que "esta firma significa que se alza la huelga y que mañana volveremos a trabajar y a intentar recuperar la normalidad".
Este acuerdo, según mantiene el representante de los LAJ en Guadalajara, tan solo satisface sus demandas "parcialmente" con "parte de la aspiración salarial que teníamos de cerrar la brecha que nos distanciaba del salario del juez. Nosotros aspirábamos a un 85% y hemos conseguido un acuerdo que nos puede situar en el 75%. Por lo salarial, es incompleto, hay que seguir trabajando y por lo no salarial, las cuestiones estatutarias, la idea es crear unos grupos de trabajo", concreta Luis Gómez, que especifica que "hay que seguir trabajando porque nos hagan un estatuto orgánico nuevo".
Las consecuencias que ha tenido esta huelga en todo el país han sido notables porque la intervención del Letrado de la Administración de Justicia es fundamental para la mayoría de las intervenciones judiciales por lo que existía una paralización real de la Justicia. Solo en la provincia de Guadalajara, según los últimos datos facilitados por los LAJ a este periódico, entre el 24 de enero y el 6 de marzo se habían dejado de celebrar 1.300 juicios en el conjunto de los tres partidos judiciales de Guadalajara, a lo que se sumaba que se han dejado de tramitar 3.210 demandas y hay 8.767 escritos de trámite sin aceptar. Igualmente, había 704 declaraciones y otros actos no celebrados y 27 diligencias fuera de la sede judicial que se no se habían practicado. Por último, la de la cuenta de consignaciones económicas, se habían dejado de abonar 1.603.832,23 euros.
"No tengo las cifras actuales porque en los últimos días nos hemos centrado en la negociación", asegura Luis Gómez que sí que señalaba que el seguimiento de funcionarios huelguistas en la provincia se ha mantenido entre el 80 y el 90%, y a veces por encima de ese porcentaje, en los dos meses de paro indefinido. "Espero que esto sirva para que nos respeten y nos den participación en las cosas que tenemos que opinar. En el plan de recuperación de los atascos y consecuencias de la huelga, algunos estiman que va a ser insuficiente todo el 2023 hasta alcanzar una situación normalizada como la anterior al 24 de enero", declara el representante de los LAJ, quien estima que el atasco judicial en la provincia, al menos, tardará seis meses en descongestionarse si tienen participación en el citado plan.
Por último, Luis Gómez ha reconocido que los LAJ mantienen "un optimismo moderado porque nosotros también estamos contentos con que la huelga se acabe porque es una situación límite indeseada para todos. Nosotros dejamos de perder un montón de salario cada día, nunca hemos querido que esto se alargue, pero nuestro interlocutor (en referencia al Ministerio de Justicia) se ha negado a escucharnos, a negociar y a que intervenga un mediador que lo solucione. Ha tenido que venir el Ministerio de Hacienda y Función Pública a que lo solucione y lo ha hecho en cuatro reuniones. Creo que el fracaso de Justicia ha sido estrepitoso", al mismo tiempo que lamenta que el paro indefinido haya tenido consecuencias en la economía del país, la actividad laboral de personas relacionadas con la administración de la Justicia, como por ejemplo abogados y procuradores, y, por supuesto, para los ciudadanos.