El líder de la Generalitat, Pere Aragonès, asegura que pactó que el Gobierno central no recurriría la normativa catalana, aprobada a mediados de este año, que sortea la obligatoriedad de impartir un mínimo del 25 por ciento de las horas lectivas en castellano en las escuelas, tal y como ordena una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Así lo desveló el pasado jueves en una entrevista en TV3, donde explicó que este fue uno de los pilares para reimpulsar hace unos meses la negociación de la Mesa de Diálogo, que había quedado congelada a raíz del espionaje a varios líderes independentistas, el denominado caso Pegasus.
En el marco de los «acuerdos de protección de la lengua catalana» presentados a finales de julio, tras la reunión entre ambos Ejecutivos celebrada en Madrid, el president afirmó que lo primero que se pactó fue «que no se impugnara la ley del catalán en la escuela». «Era imprescindible para contribuir a generar confianza en las partes de la negociación», enfatizó.
«Si empiezas a negociar y te impugnan la ley que defiende el modelo lingüístico y que tiene una amplia mayoría parlamentaria, ya podemos terminar», añadió.
Frente a esto, el ministro para la Presidencia, Felix Bolaños, defendió que el pacto que se firmó con Aragonés es público, se suscribió en la mesa de diálogo, y lo que se acordó fue «garantizar que el catalán y el castellano se impartirían en las aulas catalanas». Además, recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña presentó un recurso ante el Constitucional que se está «dilucidando».
Esta explicación no convenció a PP, Ciudadanos y Vox, que exigieron al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que aclare si ha llegado a un acuerdo con el Govern sobre esta cuestión, y si es así, en qué términos lo hizo.
A través de las redes sociales, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó «explicaciones inmediatas» por parte de Sánchez. «Los derechos lingüísticos de los niños y niñas catalanes están por encima de su obsesión por resistir en la Moncloa a toda costa», subrayó el dirigente popular.
Mientras, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, acusó al PSOE de pasar «de no hacer cumplir la ley a atropellar derechos». «Cada minuto de silencio de (Pedro) Sánchez sin negar esta aberración es un minuto reconociendo la infamia», apuntó en un mensaje publicado en la red social Twitter.
También el vicepresidente de acción política de Vox, Jorge Buxadé, manifestó que el secretario general de los socialistas debe pagar «muy cara su traición y con él, todo el PSOE», refiriéndose a este presunto acuerdo con los catalanes.