Qué duda cabe de que en la sesión plenaria de este jueves en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez sacará adelante sus reformas del Código Penal, incluida la extraña fórmula de la 'rebaja' en la malversación y las que afectan a las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. La mayoría de la investidura, vigente desde hace cuatro años y medio, le dará una cómoda victoria en la Cámara Baja (y en el Senado), como ya ocurriera en la votación de los Presupuestos. Pero no son pocos los militantes, e incluso dirigentes, socialistas que creen que este triunfo en el Parlamento corre el riesgo de acarrear una derrota en las urnas.

La polémica ante la prisa con la que se han afrontado, sin el suficiente consenso 'transversal', unas reformas de tanto calado en el Código Penal; la evidencia de que se trata de beneficiar exclusivamente al medio centenar de condenados o encausados por el procés independentista en Cataluña y lo patentemente chapucero de la tramitación e incluso de la elaboración de estas reformas, incluyendo en este apartado las referentes al Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, tendrán sin duda consecuencias entre el electorado. Y ello, aunque en La Moncloa están, al parecer, seguros de que toda la confusión y la irritación generadas por estas reformas 'exprés' quedarán en el olvido dentro de no muchos días, enterradas por la avalancha de medidas beneficiosas para la ciudadanía que comportará la precampaña electoral.

Sé que se están elaborando sondeos de cierto calibre acerca de la aceptación o rechazo de estas medidas por los españoles, pero aún desconozco los resultados del muestreo. Sánchez, en el pleno del Congreso que este jueves dará luz verde a sus medidas, presentará estas iniciativas como necesarias para instaurar una tranquilidad lejos de tentaciones unilaterales independentistas; pero Esquerra ya ha comenzado a anunciar, sin pararse en otras consideraciones, e incluso por boca de Oriol Junqueras, que impulsará un referéndum de autodeterminación en su próximo congreso de enero. Y, aunque difícilmente se pondrá en marcha este intento de consulta durante lo que queda de legislatura, qué duda cabe de que pesará en el ánimo de los electores.

Si a ello le añadimos que 2023 puede significar el retorno a Cataluña, sin demasiadas trabas legales gracias a las reformas, de uno de los personajes más impopulares entre los españoles, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, podremos hacernos una idea de los riesgos que Sánchez asume con estas 'reformas de fin de año'. Considero dudoso que 2023 sea un año tan bonancible para los intereses electorales del actual Gobierno como cree el inquilino de La Moncloa (otros muchos, incluso en el propio Gobierno que ha cerrado filas en esta cuestión, lo dudan).

De lo que no cabe duda es de que Pedro Sánchez no se permite ni vacilaciones, ni dudas, ni titubeos, ni tampoco consultas a la 'otra España'. Ama el riesgo y no lo disimula. Este jueves veremos su triunfo en el Parlamento, que ya no representa de manera proporcional a una mayoría de los ciudadanos. Entre mayo y diciembre del año que se nos echa encima quizá veamos su fracaso. Acuérdate, Pedro, de que eres mortal y no tientes tanto a la suerte, deberían decirle sus asesores. Dudo de que alguno de ellos lo esté haciendo.