Miles de personas –15.000 según los organizadores– se manifestaron este pasado miércoles a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige la ministra Teresa Ribera, para protestar por el «acuerdo», sí sí, «acuerdo», alcanzado el pasado mes de noviembre en el Consejo Nacional del Agua entre las distintas comunidades autónomas para establecer un caudal ecológico para el río Tajo. Caudal ecológico que exige la Unión Europea y sobre el que pesan no una, sino cinco sentencias del Tribunal Supremo y que «obligan», sí sí, «obligan», al Gobierno de España a su cumplimiento.
Los manifestantes, entre los que se encontraban regantes, agricultores y políticos de distinto signo, protestaban por el «cambio» que dicen se ha producido en el texto del Plan Hidrológico del Tajo, que implica que, de manera gradual, en 2027 ese caudal ecológico alcance los 8,6 metros cúbicos por segundo, sin necesidad de valorar previamente el estado de las aguas o los embalses. Es decir, un seguro medioambiental para un río que agoniza a su paso por ciudades de la región como Toledo y Talavera de la Reina.
Dicen desde Levante que sin el agua del trasvase Tajo-Segura solo les queda esperar «desierto y paro» como rezaba una de las pancartas, alegando que se perderán 15.000 puestos de trabajo y una reducción patrimonial de 5.690 millones de euros. Olvidan que con ese agua, esos son los puestos de trabajo y la riqueza que no se han creado en Castilla-La Mancha, donde los vecinos han tenido que abandonar sus pueblos, muchos ribereños, por no poder impulsar una economía basada en el agua como sí han hecho desde Levante, con nuestro agua.
«Lo voy a repetir por enésima vez. El documento que hemos mandado al Consejo de Estado es el que fue respaldado mayoritariamente por el Consejo Nacional del Agua y aquí cada comunidad autónoma, cada sector ha tenido ocasión durante tres años de aportar sus ideas» respondía ayer mismo la ministra Ribera, que viene advirtiendo desde días antes que «el documento trasladado al Consejo de Estado es el acordado en la reunión».
Recordaba ayer que se trata de «un consenso extraordinario en torno a algo que es novedoso» –el caudal ecológico, ya que la del Tajo es la única cuenca que no lo tiene y que constituye una» anomalía histórica»– y que se debe respetar porque es legislación, porque hay sentencias, porque se necesita y porque «es un río compartido».
Las comunidades de Valencia, Murcia y Andalucía se olvidan también de que el Ministerio ha elaborado un plan de inversiones de 8.000 millones, sustentado sobre el objetivo de dotar a la cuenca demandante de un escenario de estabilidad hídrica, que pasa por un compromiso de ejecución de infraestructuras de producción y gestión de agua desalada y de agua regenerada. Como se olvidan también de que el cambio climático impide mantener esos desarrollos agrarios –y también de ocio y urbanos– que llevan ejecutando desde hace más de 40 años, y que a día de hoy son insostenibles. Solidaridad toda, pero la solidaridad no se podrá ejercer si se llega al punto de la insostenibilidad, que hemos alcanzado desde hace tiempo.