Está claro que al Gobierno (sobre todo al sector Podemos) y a ERC les gustaría que la Ley de Memoria Democrática hiciera tabla rasa con los acuerdos que permitieron la Transición. Los independentistas catalanes pretendían, incluso, hacer desaparecer en el texto la figura del Rey. Por pedir que no quede. Y así se distrae al personal para que no repare en que sus socios de la CUP no le aprueban los presupuestos de la Generalitat.

La citada ley, imprescindible en cualquier país democrático, se ha convertido en un distraído tema de debate con el que se trata de tapar los conflictos que merman las expectativas electorales tanto del PP como del PSOE y sus socios. El último capítulo ha sido la pretendida "derogación" de la Ley de Amnistía que la izquierda propuso y defendió tras la muerte del dictador. No hay más que recordar la imagen del líder de CCOO pidiendo el voto desde la tribuna del Congreso. Ahora, cuando ya no queda vivo casi ninguno de sus responsables, se pretende "hacer justicia" con los crímenes del franquismo. Más reparador sería, para los descendientes de aquellos que, sin cargos, fueron fusilados al alba, acabar de desenterrar todas las fosas comunes que aún quedan en las cunetas.

O, por ejemplo, derribar el casposo arco del triunfo, abandonado y deteriorado, que recuerda el triunfo de los golpistas en 1939 y ocupa una parcela de Moncloa, en Madrid, y que solo sirve en la actualidad como sede de botellones juveniles.

El PSOE, a través del ministro Bolaños, convertido de un tiempo a esta parte en el "apaga fuegos" de Moncloa, ha tenido que matizar que la modificación de la amnistía tiene un alcance más poético que real. O, como la ha calificado ERC: "humo", por lo que votarán en contra.

Y, mientras la izquierda se distrae en sus polémicas, el Partido Popular, que tiene otra vez a sus siglas en el banquillo por el caso Gürtel, ve crecer el enfrentamiento entre Ayuso y Casado, con la intromisión de la siempre polémica Cayetana Álvarez de Toledo, va a salir a la calle para disimular sus cuitas internas.

Va a aprovechar la crispación que se palpa en la ciudadanía por las desmesuradas subidas de los precios en sectores básicos como la electricidad o los combustibles, que pueden fastidiar las Navidades. Por cierto, ¿mantendrá a estas alturas Pedro Sánchez su compromiso de que en diciembre los españoles descubrirían que no había existido la subida de la luz?

De momento, arde Cádiz, con su alcalde Kichi González haciendo de Nerón, y los camioneros amenazan con un paro justo antes de Nochebuena. La inflación descontrolada se come las subidas del salario mínimo y de las pensiones, por lo que el desánimo y el cabreo están más que justificados.

Solo faltaría que el incremento de contagios del Covid vaya a más y entremos en una nueva ola con sus restricciones correspondientes. Frente a esta realidad la memoria solo es eso: recuerdo y honra.