Después de que el PSOE presentara tras el verano una enmienda al proyecto de ley animal para excluir a los perros de caza de la norma, el Ministerio de Derechos Sociales que preside Ione Belarra acabó ayer por ceder en parte a las exigencias del grupo socialista para evitar, señaló, que la futura norma sea tumbada en el Parlamento.

La ministra de Podemos explicó que la propuesta que acaba de plantear su Departamento a los grupos para excluir a los perros de caza de la ley animal mientras practican la actividad cinegética no es el mejor modelo de protección, admitió, pero es «urgente que la norma pueda ser aprobada» en el Congreso y no eliminada definitivamente.

Ante el riesgo de que finalmente no saliera adelante el proyecto, «hemos decidido proponer a los grupos parlamentarios que adoptemos el modelo de protección animal de la Ley de Castilla-La Mancha en esta cuestión», avanzó la ministra impulsora de esta iniciativa.

Dicha normativa se trata de una ley aprobada en 2020 bajo el Gobierno de Emiliano García-Page que excluye a los perros de caza únicamente durante la propia actividad cinegética. Igualmente, nadie podrá abandonar, maltratar o descartar perros de caza.

«Es evidente que no es nuestro modelo ideal, pero es urgente que la ley sea aprobada, para empezar a terminar con la impunidad de maltratadores, como quienes ahogan una cría de jabalí o queman vivo un zorro», aseguró Belarra.

La ministra recordó que el departamento que dirige es el responsable de impulsar la que será «la primera ley de derechos animales de la historia de nuestro país», con el objetivo de «acabar con la impunidad de los maltratadores de animales.

Pero más allá del carácter pionero, se trata de un proyecto de ley envuelto en una gran polémica desde sus inicios, con fricciones no solo en el seno del Gobierno, sino también a nivel jurídico y social.

Por su parte, el sector cinegético declinó acudir a una reunión convocada por la Dirección General de Derechos de los Animales a la que habían sido llamados con 36 horas de antelación, en pleno puente, sin orden del día, ni información sobre asistentes ni temas a tratar.

Según, la Real Federación Española de Caza, la Oficina Nacional de la Caza, Fundación Artemisan y Asiccaza carece de sentido acudir a la cita, cuando «ya no hay posibilidad de mejora de unas normas que acarrearán consecuencias nefastas». En su opinión, esta convocatoria es una «maniobra política» a la que «no se prestarán» porque ese departamento del Gobierno lo que trata es de «limpiar la imagen» de una tramitación oscura y sin rigor.