El anuncio de Pedro Sánchez hace cuatro meses de activar en España un pacto de rentas para «frenar» los efectos de la inflación en los trabajadores llevó ayer al Gobierno a reunir a los agentes sociales con varios de sus ministros, a pesar de conocer que las posturas de sus interlocutores están muy distanciadas, como se pudo comprobar horas antes, cuando UGT y CCOO convocaron movilizaciones en buena parte de las ciudades del país. 

El impulso de un pacto de rentas fue el punto clave de la reunión de la Mesa de Diálogo Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pidió a los agentes sociales que negocien un acuerdo a tres años, en el que moderen los márgenes empresariales y las subidas salariales y que incluirá un alza del sueldo mínimo interprofesional (SMI).

Calviño explicó que se recupera así la intención de cerrar un pacto de rentas para contener el impacto de la inflación en el crecimiento económico y la creación de empleo.

Además, esta reunión «reactiva un proceso de todos los agentes sociales que desde el Gobierno vamos a impulsar con miras a ese importante pacto de rentas», que comenzará a negociarse inmediatamente y que incluiría una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta alcanzar el 60% el salario medio de España.

Desde la CEOE, su presidente, Antonio Garamendi, declaró que los empresarios no se oponen a subir los salarios, sino a indexarlos a la inflación, pues ello provocaría efectos de segunda ronda que harían que España perdiera competitividad y las empresas, productividad.   

Garamendi, que declaró horas antes de la reunión que «nadie les había convocado para hablar de pacto de rentas» sino para un seguimiento de los fondos europeos, subrayó que no rehuirán hablar «con seriedad» de rentas, pero también de pensiones y del sueldo de los funcionarios por los costes que implica también para el Estado. «Cada punto de pensiones son 1.700 millones y en la reposición del próximo año del baby-boom son 4.000 millones de euros más. Podemos estar hablando de 17.700 millones más de coste en pensiones», remarcó.

«Todos queremos que los pensionistas cobren y los salarios suban, pero lo que no queremos es que quiebre el sistema», indicó Garamendi, que denunció que el Estado «está influyendo también para que la inflación se dispare», pues está recaudando más de 20.000 millones de euros gracias a ella y debería dedicar parte a atender las necesidades básicas de los ciudadanos.

Por su parte, CCOO y UGT reprocharon al Gobierno la convocatoria a otra cita para el pacto de rentas sin que el Ejecutivo haya especificado «qué pone encima de la mesa».

Los sindicatos coincidieron en que están dispuestos a sentarse con la CEOE y con el Gobierno, siempre que este sea consciente de que es «un actor principalísimo» del pacto de rentas, como declararon el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CCOO, Unai Sordo, durante una concentración en la sede de la CEOE de Madrid, y de las principales ciudades españolas, para reclamar el mantenimiento del poder adquisitivo, y donde advirtieron de un incremento de la conflictividad social después del verano si la patronal se mantiene en su «cerrazón».

En este encuentro, los líderes sindicales se opusieron a que el pacto de rentas implique una caída salarial y exigieron al Gobierno que impulse una política fiscal «valiente» que garantice un verdadero reparto.

«Si quieren un pacto de rentas, tiene que haber dos patas encima de la mesa: medidas eficaces para contener los precios y un pacto fiscal vinculado a cómo se protege a los colectivos sociales que lo están pasando particularmente mal», reconoció Sordo.

Tensión

Ante esta realidad, los agentes sociales decidieron «tensionar» la situación, en palabras de Sordo, a la vista de que la conflictividad está sirviendo para cerrar acuerdos «importantes» como los del metal en Cantabria o La Coruña, donde después de varias huelgas se han logrado alzas por encima del 4% con cláusulas de garantía salarial.

«Que la patronal no se equivoque las organizaciones tenemos que movilizar a los trabajadores con los convenios bloqueados para romper esta barrera que nos impide poder mantener los salarios», afirmó Álvarez.

«No es verdad que las empresas no ganen dinero, que no estén en una buena situación para poder afrontar aumentos de salarios y si no habrá lucha, habrá conflicto», advirtió el líder de UGT.