La patronal española no está para bromas con la pretendida reforma de la legislación laboral. La CEOE no se niega a negociar el fondo y la forma del articulado promulgado por el PP para salir de la crisis del cambio de década, pero tampoco quiere ser un convidado de piedra e ir convocada a asentir los acuerdos alcanzados por el PSOE con su socio de referencia en el Gobierno, Unidas Podemos, para mantener la estabilidad del Ejecutivo bipartito de la nación. Su presidente, Antonio Garamendi, no ha dejado de explicar cuál es el punto de partida de la patronal para abordar un cambio que tampoco ha satisfecho, al menos hasta la fecha, las aspiraciones de los sindicatos. Ese lugar no es otro que el diálogo, algo que el Gobierno exige cuando necesita apoyo y niega sistemáticamente cuando tiene que repartir juego y es el dueño de la banca.
La reforma laboral del Partido Popular es hija de un momento histórico en el que España estaba al borde del rescate europeo y purgaba una crisis sin precedentes que destrozó el mercado del trabajo. Hoy hay otra crisis planeando sobre el país, pero no es estructural como sí lo fue aquella y tiene distintos obstáculos que vencer. Es el caso de la rampante inflación, que tiene la terca costumbre de incendiarse con mucha facilidad pero enfriarse con mucha calma, que es algo que no abunda en los mercados internacionales. El contexto no es el mismo y nada tiene de malo prever unas normas adecuadas al tiempo real, pero la primera medida es buscar la concordia. Cualquier acuerdo que no cuente con un apoyo decidido de todos los llamados, o que al menos no quiebre el diálogo social para convertirlo en un monólogo, servirá únicamente para sembrar tempestades y prologar la siguiente reforma. Es decir, traerá más inestabilidad.
Algunos mecanismos articulados en la actual legislación laboral se han demostrado altamente eficaces. Es el caso de los ERTE. El propio Garamendi ha ejemplificado en ellos y en lo sucedido en los dos últimos años el porqué de su negativa a una derogación de máximos. En España llegó a haber 3,5 millones de personas en ERTE durante el peor periodo de la crisis sanitaria. Hoy apenas superan los 100.000. No hace falta un análisis demasiado sesudo para intuir qué habría ocurrido si España no hubiera contado con ese mecanismo de protección del empleo. Todo esto acontece bajo la lupa de la Unión Europea, que recela de la repercusión de la 'agenda social' del Gobierno y que ya ha manifestado, especialmente desde algunos países con capacidad de veto, que no está dispuesta a admitir políticas efímeras que acaben laminando aún más el sistema a cambio de un puñado de votos.