A diferencia de años anteriores, cuando el inicio del periodo para la presentación de las peticiones de la PAC comenzaba en febrero, en esta ocasión Agricultura no ha abierto la ventanilla hasta este 1 de marzo. Desde ese momento, más de 620.000 agricultores y ganaderos considerados como activos pueden presentar sus solicitudes de ayuda única para el cobro de unos 4.800 millones de euros en concepto de pagos directos, a los que se suman otros 1.700 vía desarrollo rural; todo ello correspondiente a la Política Agraria Común que se habrá de aplicar desde esta campaña hasta 2027.

Para este ejercicio, la novedad más importante en relación con los derechos y exigencias para el cobro de las ayudas es la puesta en marcha del Plan Estratégico aprobado por Bruselas como marco de referencia. En conjunto se podría hablar de una PAC estabilizada en los recursos, con más exigencias verdes y medioambientales para cobrar los fondos, ligeramente redistributiva y más dirigida a los profesionales, si bien abre la puerta a pequeños productores con cobros por debajo de los 5.000 euros, más del 50% de los solicitantes, que en muchos casos son agricultores a tiempo parcial y constituyen una figura importante en algunos territorios. Se excluye a quienes no lleguen a los 300 euros simplemente por razones del coste de la gestión administrativa, aunque esa cifra la pueden modificar las comunidades autónomas. Y se siguen quedando fuera las empresas que poseen tierras pero no las dedican a la actividad agraria, como es el caso de los campos de deportes (golf) o suelos de inmobiliarias.

Pero, al margen de todas esas condiciones, a efectos prácticos, cabe destacar que el plazo para la presentación de las solicitudes terminará, por razones de logística administrativa, el 31 de mayo. Esta campaña no habrá tiempo para las prórrogas a las que ya estaba acostumbrado el sector prácticamente en todos los años pasados, reclamando nuevos plazos para evitar penalizaciones por retrasos.

Entre los puntos más importantes de cara esta nueva PAC, se podían señalar los siguientes puntos:

Beneficiarios.

De entrada, para acceder a la ayudas es indispensable que el solicitante sea un agricultor considerado como activo. En otras palabras, según la definición oficial: que esté afiliado a la rama agraria de la Seguridad Social por cuenta propia, que de sus ingresos totales al menos un 25% procedan de la actividad agraria y que el importe de las ayudas directas sea menor o igual que 5.000 euros. Ello supone abrir la posibilidad de cobrar los pagos a más de la mitad de los solicitantes, muchos agricultores y ganaderos a tiempo parcial cuyos cobros no llegan a los 5.000 euros.

Condicionalidad reforzada.

En el marco de una filosofía más verde y redistributiva, la nueva Política Agraria Común, frente a la situación anterior en la que para acceder a las ayudas era necesario simplemente cumplir unas exigencias mínimas en materia de medio ambiente y cambio climático, en este ejercicio ya impone la denominada condicionalidad reforzada. Este concepto implica el cumplimiento de una serie de requisitos legales de gestión, pero, sobre todo, el cumplimiento de una decena de las denominadas prácticas de Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales. Estas prácticas recogen exigencias anteriores, pero incorporan otras: el mantenimiento de pastos permanentes; la protección de humedales; la no quema de rastrojos -salvo autorización-; la creación de márgenes o franjas junto a los ríos para evitar contaminación por abonos; una buena gestión del laboreo para evitar la degradación y la pérdida de suelos e impedir las escorrentías; cubiertas mínimas de los suelos; rotaciones de cultivos; no laboreo en pendiente; o el mínimo abandono de tierras, medida que hoy no se cumple provisionalmente para frenar los efectos de la invasión de Ucrania.

Los eco-regímenes.

La novedad más importante es que, de los pagos directos, 1.100 millones de euros (casi una cuarta parte) se abonarán solamente a las explotaciones que lleven a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Son los llamados eco-regímenes, que se concretan en nueve prácticas como el pastoreo extensivo con siega sostenible, la rotación de cultivos con especies mejorantes para la protección de los suelos, o el mantenimiento de la cubierta vegetal, tanto espontánea como sembrada. Por estas acciones los agricultores y ganaderos percibirían unas ayudas complementarias que van desde unos 40 euros por hectárea en una superficie pastoreo extensivo, hasta los 165 euros por hectárea que se pagarán por mantener una cubierta vegetal en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente.

Agricultura insiste en la necesidad de utilizar los suelos de forma más sostenible tratando de aumentar la fertilización con abonos orgánicos en vez de inorgánicos, a pesar de ser más costosos. El Ministerio también pretende conseguir una mayor rotación para no agotar la tierra y aumentar los cultivos de leguminosas para mejora de los suelos. Asimismo, se insiste en prácticas de laboreo que reduzcan las escorrentías y la pérdida de tierra fértil.

Topes…

Un cambio a destacar sobre la normativa anterior es la aplicación del capping, es decir, fijar un techo en los pagos directos por beneficiario que se establece en 60.000 euros a partir de los cuales se aplican diferentes ajustes: del 25% entre los 60.000 y los 75.000 euros, del 50% en los pagos de entre 75.000 y 90.000 y del 85% entre los 90.000 y los 100.000 euros, si bien son posibles pagos de hasta 200.000 euros computando en los mismos los costes laborales de la explotación en cuestión.

...y redistribución.

Los fondos recaudados por ese proceso se destinarían a una política redistributiva que se estima en unos 500 millones de euros como un complemento a la renta para las primeras hectáreas de pequeñas y medianas explotaciones cuya superficie está por definir y es diferente según el tipo de tierra -secanos o regadíos-, de aprovechamiento o de cultivo. Ese volumen de fondos se sumaría a los 2.500 millones disponibles como Ayuda Básica a la Renta que sustituye al Pago Básico anterior. Los pagos asociados a vacuno, ovino, frutos secos o remolacha, entre otros, se elevan a unos 680 millones.

Novedad importante es igualmente la reducción de medio centenar a 20 el número de regiones agronómicas, medida a través de la cual se pretende llegar a una mayor convergencia de ayudas. El objetivo es que todos los derechos en una misma región sean el 85% del valor medio en 2026 y que llegue a la convergencia total en 2029.

Como pago a la incorporación de los jóvenes se ha dispuesto el doble de fondos, hasta 100 millones, para ayudas que serán superiores en un 15% si se incorpora una mujer.

Información.

De cara a la nueva etapa, Agricultura ha puesto en marcha un programa de información y asesoramiento por un importe de cuatro millones. El Ministerio se servirá de cooperativas y organizaciones agrarias para que agricultores y ganaderos estén más informados sobre las exigencias y las posibilidades que ofrece la reciente reforma. En principio, este año no habrá penalizaciones caso de incumplimientos que se vean como involuntarios. El FEGA mantiene su sistema de control monitorizado de la aplicación de la PAC para el 100% de la superficie y un simulador para que cada beneficiario pueda calcular el importe de sus ayudas.

El calendario.

1 de marzo-31 de mayo. Plazo de presentación de la solicitud única de 2023 para las ayudas; este año se retrasa respecto a un ejercicio habitual.

15 de junio. Termina el plazo para presentar modificaciones a la solicitud.

31 de agosto. Finaliza el plazo para que presenten modificaciones los agricultores que han recibido notificación de incidencias.

16 de octubre-30 de noviembre.  Las comunidades autónomas que lo decidan podrán pagar anticipos de las ayudas.