Hay municipios de la provincia que van a ver buena parte de su superficie ocupada si se materializan los proyectos presentados hasta el momento. Dos ejemplos, un 70% del término municipal de Viñuelas o un 21% de la extensión de Galápagos tendrán placas solares.
Hay alcaldes, como el de Torija o Galápagos, que, hasta ahora, veían con buenos ojos la instalación de pequeños parques solares pero que, en estos momentos, ven amenazado el desarrollo futuro.
Este es el caso de Torija, donde existen tres parques, uno que funciona desde hace diez años y otros dos fraccionados en varios proyectos de menos de 50 megavatios. Según el alcalde, Rubén García, «son los agricultores los que están fomentando» este negocio por la falta de relevo generacional en el campo. Sin embargo, él está decidido «a iniciar un expediente de suspensión de licencias en la zona más pegada a la industrial que es donde estamos trabajando en la ampliación del polígono y no quiero que se me llene de placas».
Una situación similar a la que vivían en Galápagos, donde ya se ha construido una planta de 90 hectáreas y hay proyectada otra de 70 con el beneplácito del ayuntamiento. Sin embargo, han presentado alegaciones a un megaproyecto. «La mayoría de los propietarios no son ni residentes en el municipio, pero el 90% de las personas que vivimos aquí no somos favorables a un macro proyecto de esta envergadura. En estos ayuntamientos, a día de hoy es de las pocas posibilidades de inversión que tenemos pero tampoco vamos a vender el territorio», asegura el alcalde Guillermo Rodríguez, quien reconoce sentirse «desprotegido» ante un «boom especulativo grande» porque, argumenta, que «lo que están planteando es una declaración de interés público que conlleva expropiaciones. Echamos en falta que haya una regulación desde el Estado o las comunidades autónomas con un máximo de ocupación por término municipal y que cada uno tenga la capacidad de ubicación».
En esta tesitura, el Ayuntamiento de Cabanillas ha sido el primero en aprobar en pleno una suspensión provisional de licencias a cualquier proyecto de planta de energía solar y eólica durante un año, prorrogable otro más, para redactar un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM). El alcalde reconoce que tomó esta decisión para proteger los intereses presentes y futuros de su municipio: «Nos llegaron varias solicitudes de golpe y quejas de vecinos. No teníamos conocimiento de nada», declara José García Salinas quien agradece que muchos propietarios actuaran por encima del interés particular porque Cabanillas estaba incluida en el desarrollo de cinco proyectos, con más de 200.000 placas, algunas de las cuales quedarían ubicadas a escasos diez metros de viviendas ya habitadas y otras comprometían desarrollo urbano e industrial.
Al ver que no había instrumentos para «autoprotegerse» más allá de presentar alegaciones «que no tenían un horizonte», se tomó la decisión de convocar un pleno extraordinario con tan solo dos horas de anticipación para evitar la publicidad y que ninguna empresa presentara un proyecto que obligara a indemnizarla. «Eso podría haber dejado al ayuntamiento en bancarrota», explica el alcalde, quien advierte a otros compañeros que «el dinero no es todo» pero entiende que «no todos los ayuntamientos tienen la solvencia económica que tiene Cabanillas y entiendo que esto sea un balón de oxígeno para mejorar los servicios de sus municipios».
Pobladores
La proliferación de estos proyectos para instalar parques de energía solar está generando problemas sociales en algunos municipios entre partidarios y detractores de estas plantas.
«El ambiente en Usanos está revuelto. Hay propietarios que no vienen nunca al pueblo, que tienen cinco o diez hectáreas, y les parece muy bien porque van a coger mucho dinero. Entiendo que tiene que haber energías renovables, pero no mil hectáreas. Que lo repartan un poco. Están hablando de la España vaciada y resulta que nos van a echar de los pueblos», afirma Deli Lara, agricultora de Usanos.
«Se están utilizando las tierras más productivas, y para colmo, están proponiendo la utilidad pública, es decir, expropiar. La cosa está muy tensa. Por un lado, estamos las personas que vivimos en el pueblo que queremos placas solares pero no las queremos así. Y por otro, están los propietarios que viven en Guadalajara o Madrid y es un dinero que les viene muy bien porque están pagando mucho más que un agricultor», comenta Eva Mateo, vecina de Viñuelas.
Al malestar social, se suma que hay agricultores y ganaderos que están viendo amenazada su forma de vida. Por ello, la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) lleva recogidas cuatro mil firmas en menos de un año. «No estamos en contra de la energía fotovoltaica pero necesitamos una regulación. Pedimos que por término municipal, por ejemplo, no se puedan poner más de 80 hectáreas», señala el presidente de APAG, Juan José Laso, que es vecino y agricultor de Cabanillas.