La ganadería no pasa por su mejor momento. Por un lado, el desmesurado incremento de los costes de producción está teniendo, si cabe, peores efectos que en la agricultura, debido sobre todo a encarecimiento de los piensos; y, por otro, esta actividad tiene que aguantar continuos ataques en materia medioambiental y de bienestar animal, bien en forma de nuevas normativas o bien por el desconocimiento de miembros del Gobierno y de ciertos colectivos. Por si esto fuera poco, la sanidad animal es siempre un potencial problema y actualmente hay varias amenazas.

La más mediática estos días está siendo la viruela ovina y caprina, reaparecida en España y que ha provocado esta semana la inmovilización de estas dos especies en cuatro de las cinco provincias de Castilla-La mancha. Aunque, lamentablemente, los virus no entienden de fronteras, las competencias autonómicas sí, y el Gobierno de esta comunidad ha entendido que esos cuatro territorios (se libra Guadalajara) son los que tienen más riesgo de propagar la enfermedad.

Manuel Torrero es el secretario general de ASAJA en Cuenca y mantiene que es una medida comprensible, pero que, en cualquier caso, hay que estar vigilantes («no alarmados») porque la enfermedad puede estar ahora en cualquier parte. Explica que el último caso que se registró en España hasta este nuevo brote tuvo lugar hace nada menos que 58 años, por lo que en nuestro país no hay demasiada experiencia a la hora de bregar con esta patología y se deben reconsiderar ciertos protocolos que se daban por hechos.

Por ejemplo, cuestiona los 14 o 15 días que se supone que dura el periodo de incubación (lapso de tiempo desde la infección hasta la aparición de síntomas en el animal) según la bibliografía y dice que, a tenor de lo que se sabe ahora, seguramente sería más acertado pensar que puede alargarse hasta los dos meses. Por eso dice que, aunque no hay fecha para reabrir las explotaciones, esos dos meses serán inevitables.

El hecho es que en las explotaciones donde se ha registrado algún caso se ha llevado a cabo lo que se llama vacío sanitario, es decir, se ha sacrificado a todos los animales y, además, se ha destruido todo lo que pudiera dar refugio a los virus: camas, estiércol, piensos… todo. En total, se han eliminado ya 38.000 animales desde que apareció el brote en septiembre en Granada y se desplazara un mes después a Castilla-La Mancha. Para estas explotaciones es un varapalo importante porque arrancar de nuevo implica poner de nuevo a los animales en producción, un proceso costoso.

En cualquier caso, ha habido ayudas a los afectados. Hasta diciembre, el Gobierno de Castilla-La Mancha había abonado a los ganaderos afectados de la provincia de Cuenca cuatro millones de euros en indemnizaciones, según cuantías marcadas por el Ministerio, y en este momento está elaborando una orden para más compensaciones.

Eso sí, Torrero aclara que los animales no tienen que estar necesariamente encerrados, sino que puede pastar por las parcelas de la propia explotación, algo importante en un tipo de ganadería tan marcadamente extensivo como el ovino y caprino en Castilla-La Mancha. Aunque eso no elimina el problema de la imposibilidad de hacer transacciones en vivo por parte de los ganaderos, muchos de los cuales tienen en la exportación una de sus principales fuentes de ingresos. Afortunadamente, la leche puede seguir vendiéndose sin ningún riesgo. En cualquier caso, la organización agraria lleva pidiendo esta inmovilización desde octubre (el primer foco surgió en septiembre) y demanda medidas compensatorias que cubran realmente todos los perjuicios causados.

El responsable de ASAJA Cuenca aclara que, en el encuentro celebrado con la Consejería el martes, se acordó, aparte del cierre de las granjas, un incremento en los controles serológicos hasta muestrear 500 de las 6.000 explotaciones que hay en la comunidad y una mayor fluidez de comunicación entre los ganaderos y la Administración para tratar de minimizar las consecuencias de nuevos focos que pudieran aparecer. En cualquier caso, habrá que estar atentos a la evolución de la enfermedad las próximas semanas.

Peste porcina.

Por otra parte, la PPA sigue siendo una amenaza para la enorme e importantísima cabaña porcina española. Su reciente reaparición en Grecia y la proliferación de jabalíes, principales vectores de propagación de la enfermedad, tienen al sector tenso. COAG ha vuelto a pedir que se limiten las importaciones, ya que un solo caso en España podría ser catastrófico.

La organización reclama una mayor responsabilidad, extremar los controles y que reduzcan las compras al exterior. «Por el interés de un sector estratégico para nuestra ganadería se tiene que pensar más con la cabeza y menos con el bolsillo», subraya el responsable de porcino de COAG, Jaume Bernis. Un 92% de lo que producimos tenemos que exportarlo. Si se declarara algún caso de PPA se nos cerrarían la mayoría de los mercados y eso conllevaría un impacto económico de 7.500 millones de euros al año, destaca Bernis. «Que cada mes entren en nuestro país 200.000 lechones (2,4 millones en 2022) es como jugar a la ruleta rusa», añade.

«Aunque el 90% de los lechones vienen de Holanda, la cercanía entre fronteras y los múltiples desplazamientos suponen un riesgo muy elevado a nivel de sanidad animal. El riesgo se multiplica con los camiones de terneros que entran cada semana en España para grandes cebaderos provenientes de países con casos positivos de PPA como República Checa, Polonia y Rumanía y que pueden transportar distintas especies de ganado», precisa Bernis.

Vacuna para la tuberculosis.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que se reunió la semana pasada con Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, trasladó la urgencia de encontrar una solución a la tuberculosis que frene los sacrificios de los animales. La organización agraria destacó las deficiencias que tiene el plan nacional contra dicha enfermedad. En este sentido, consideró abusiva que la nueva exigencia de sanear terneros antes de ser enviados a cebaderos recaiga en los ganaderos y reclamó a las administraciones coordinación y movilización de recursos para evitar que sea así siempre. "Mientras se sanea y se sacrifican animales que dan positivos a las pruebas, la fauna salvaje, que es reservorio de la enfermedad, como el jabalí, crece sin control en toda España, provocando una fuente de reinfección continua del ganado, especialmente el extensivo.", comentaron. "Es el cuento de nunca acabar y no podemos estar los ganaderos pagando por las decisiones que no se toman sobre el control de la fauna salvaje". Por eso pidió que se estudie cuáles han sido las claves de los buenos resultados conseguidos con la brucelosis, enfermedad de la que España está libre, y se apliquen también en este caso, "con voluntad política, recursos y esfuerzos para investigar".