Este martes terminaba el plazo legal acordado para designar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y cumplir así con el mandato, ya harto caducado, para que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, renueve a sus integrantes.
Parece evidente pensar que en un año electoral como en el que nos encontramos –con cita con las urnas en mayo de 2023, y nuevamente a finales del mismo año para decidir el gobierno de la Nación–, no se vayan a producir grandes acuerdos entre los dos principales partidos que pujan por los escaños en juego. Ya lo hemos visto, y con reiteración, en los distintos debates que se han dado en los últimos días en sede parlamentaria, tanto en el Senado la pasada semana como ésta en el Congreso de los Diputados, a cuenta del debate de las medidas energéticas para paliar los efectos de la crisis de Ucrania.
Con una inflación en plena escalada y sin visos de contenerse, y por ende un poder adquisitivo de los ciudadanos cada vez más menguado y un auténtico bocado a los márgenes de beneficios, ya escasos, de la mayoría de las empresas españolas, los principales partidos políticos parecen incapaces de acordar medidas, incluso de negociarlas, para hacer que los ciudadanos sufran un poco menos los efectos de esa crisis, y de esa guerra. Ni siquiera como el bálsamo que supondría el saber que nuestros poderes públicos intentan, al menos, coordinar una estrategia común.
De hecho, el propio CGPJ ya ha incumplido el plazo para renovar el Constitucional sin siquiera arrancar las negociaciones, aunque desde el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez confían en que el Consejo nombre a sus magistrados del TC en cuestión de «días», ante lo que aseguran que esperarán para designar los suyos. Cabe recordar que Bruselas ya ha dado varios «avisos» a España por una cuestión que debería haber estado resuelta desde hace años, y que España no debería haber consentido que se convirtiera en motivo de chascarrillo, burla o, peor, de desprestigio de nuestras instituciones. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, escribió a Carlos Lesmes para instarle a terminar con esta «desesperada situación» y advertirle de que el funcionamiento de la justicia no puede formar parte del debate político, ni mucho menos ser «rehén» del mismo.
Cuesta creer, como afirmó la ministra de Justicia, Pilar Llop, que cuando va en metro o autobús oye a la gente hablar de la no renovación del CGPJ, cuando la inflación es ahora la mayor preocupación con un horizonte hasta final de año incierto, amenazado por la escasez y encarecimiento de la energía. Pero no podemos olvidar que hay cuestiones de orden, democrático, que van más allá de las elecciones, y a las que nuestros representantes públicos deberían atender, para que el funcionamiento de las instituciones no solo no sea cuestionado dentro y fuera de nuestras fronteras, sino para que siga siendo, sobre todo, legal.