Después de cinco días de vista y más de doce horas de deliberación, el jurado popular que ha juzgado en la Audiencia Provincial de Guadalajara al cartero de El Casar que entre 2016 y 2017 se apropió de cerca de 30.000 euros tras acceder a las tarjetas de débito o crédito y el pin que el Banco Santander les enviaba por carta, ha considerado a FJ.C.M. culpable por unanimidad del delito de infidelidad en la custodia de documentos y del delito continuado de estafa informática.

El jurado entiende que el acusado se apropió de las tarjetas de crédito y números pin de los clientes y que hizo uso de ellas. Todo ello en base a los indicios que le vinculan, entendiendo, entre otras cosas, que dichas tarjetas solo podían haber sido sustraídas en la oficina de Correos de El Casar, y que se rastrearon todos los móviles de los trabajadores y que en ninguno se encontró ningún dato de geolocalización de los lugares de extracción del dinero salvo en los vinculados al acusado.

Además, días antes de estos hechos, que se sitúan en los años 2016 y 2017, el Banco de Santander había cancelado la cuenta del acusado por impagos, lo que unido a diferentes declaraciones en las que se afirmaba que FJ.C.M. había pedido dinero a sus compañeros y amigos, indica que se encontraba en una situación precaria económicamente, valorándose esto como posible móvil para perpetrar los hechos juzgados.

Igualmente, los miembros del jurado han entendido también como otro hecho a tener en cuenta las características físicas ofrecidas en su declaración por una de las víctimas sobre el propio acusado, y que coinciden con su descripción tanto en base a su DNI como en la que se aporta en su perfil del whatsApp, "tenía baja estatura, perilla y llevaba gafas de sol", dijo.

Igualmente, otra cuestión tenida en cuenta por el jurado ha sido el gran número de personas afectadas y que dada la posición y responsabilidad del acusado en su puesto de trabajo, abusó de la confianza que Correos y el Estado le prestaban. 

Pero si bien creen que procede aplicar al acusado los beneficios de la remisión condicional de la pena, no creen que proceda pedir al Gobierno el indulto para él.

El juicio ha quedado de este modo visto para sentencia sin que el Ministerio Fiscal haya modificado en sus peticiones de pena para el acusado FJ.C.M., para quien mantiene los 5 años de prisión que pedía inicialmente, por un delito continuado tanto en la infidelidad en la custodia de documentos y por otro delito continuado de estafa informática, así como 30 meses de multa, y en su defecto, que al menos se le condene a 3 años y seis meses de prisión por el daño causado y los "múltiples perjuicios a múltiples víctimas". No así, "en ningún caso -ha dicho la fiscal Rocío Rojo-" que se suspenda su ingreso en prisión.

Al igual, desde la Abogacía del Estado se ha solicitó para el acusado la misma pena que el Ministerio Fiscal en base a los mismos delitos, y lo mismo ha hecho el letrado que ha representado al Banco de Santander, y en ambos casos también se ha pedido que no se suspenda la pena de prisión para el acusado.

Por su parte, la Defensa ha demandado para su defendido la pena mínima de prisión al no quedar acreditados los hechos por los que el jurado le ha considerado culpable y la suspensión de la pena privativa de libertad peticionada por los miembros del jurado.

El juicio, que se iniciaba este lunes, ha quedado visto para sentencia este viernes tras dos jornadas de deliberación con un total de algo más de doce horas.