El próximo 31 de enero hará tres años desde que se diagnosticó en España el primer caso de la COVID-19. Desde aquella jornada, los episodios de coronavirus fueron creciendo hasta llegar el 14 de marzo a decretarse el confinamiento de la población. Aquellos días de incertidumbre y miedo fueron aciagos para la población más vulnerable, la de los mayores, con quienes el virus se cebó. Y las consecuencias de aquello perduran hoy en día hasta el punto de que ayer Amnistía Internacional denunció que, después de 35.000 muertes de personas mayores en las residencias durante la pandemia, las víctimas y familiares solo han recibido «opacidad por parte de la Fiscalía y ausencia de justicia en los tribunales».

«El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del Estado. Ni Gobierno central, ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado, ni Defensora del Pueblo, ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados», aseguró el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

Ante esta situación, reclamó la reapertura de los casos archivados por la Fiscalía y que las autoridades reconozcan públicamente lo sucedido con un acto en el que se comprometan a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas las víctimas.

Esta situación de abandono se refleja en testimonios como el de Mercedes Huerta, familiar de una de las víctimas de las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia y miembro de la Plataforma Verdad y Justicia. «Me he sentido abandonada, decepcionada y algo que no podré entender nunca: cómo una sociedad puede participar una masacre de estas características, única en la democracia, y que aún nadie haya tomado medidas para que se haga justicia y, sobre todo, para que nunca más se vuelva a repetir», manifestó.

Según señaló Amnistía Internacional, las autoridades han «incumplido» su obligación de investigar de forma «exhaustiva y adecuada» las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias y, al respecto, documentó cinco violaciones de derechos humanos: vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna.

La entidad exigió la reapertura de aquellos casos archivados para que se reexaminen y se valore adecuadamente si se investigó lo suficiente, incluyendo los testimonios de familiares.

Por otro lado, lamentó «obstáculos» a nivel autonómico y precisó que, actualmente, solo continúa activo un grupo de trabajo en el Parlamento de Cataluña. Además, consideró que el Defensor del Pueblo «no ha tenido un papel activo investigando lo sucedido» y recordó que le ha solicitado la realización de un monográfico de investigación sobre las muertes en residencias.