A la Ley de Atención Temprana de Castilla-La Mancha solo le falta el trámite parlamentario para convertirse en norma. Una que volvería a situar a la Comunidad a la vanguardia en la atención a las familias que necesiten apoyo en las primeras etapas de aprendizaje en situaciones de dificultad. Ese es el objetivo y, según la consejera de Bienestar Social, el centro de toda la acción de una ley que sale del ámbito social con la participación de asociaciones como Cermi o Plena Inclusión, que han sido "clave" para que el texto sea como el que se aprobó este martes en el Consejo de Gobierno.

Bárbara García Torijano dio cuenta ante los medios de comunicación de esta "aprobación definitiva" de la norma con la que "se garantiza el derecho subjetivo de la atención temprana integral, gratuita, pública y universal", que estará acompañada de un incremento de los recursos asistenciales y humanos para alcanzar, en su pleno desarrollo, hasta las 10.000 familias beneficiadas, de manera que "se refuerza la red con nuevos servicios, más centros, más profesionales y más dotación económica". La consejera recordó de que los 750.000 euros que se destinaban a esta materia en el año 2015, se ha llegado a los 10 millones de euros en 2022 y se espera llegar hasta los 13 millones cuando esté en pleno funcionamiento.

Se centra en las familias y permite llegar "a cada rincón" de la región, lo que supone "un claro avance en la consolidación de los derechos de las personas con discapacidad", ya que se centra en las familias y los niños con necesidades de aprendizaje y en la que la atención llega hasta los domicilios, evitando que sean las familias las que se tengan que desplazar a los centros, y se mantiene durante el proceso o hasta los seis años del menor.

Último trámite para la Ley de Atención Temprana - Foto: Javier Pozo

Se apuesta por la calidad pero también por la prevención y futuro ya que por cada euro que se invierte en esta atención se revierten otros 6 a lo largo de la vida de los niños. "Un compromiso cumplido por parte del presidente, Emiliano García-Page", dijo la consejera, que confió en que salga aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios durante su tramitación en las Cortes.

Va destinada a todos las familias con niños que tengan dificultades en el aprendizaje, de manera transitoria o permanente, y se llevará a cabo desde la detección de cualquier tipo de anomalía hasta que se complete el objetivo o se cumplan los seis años de edad. En 2015 se atendió a 3.951 familias, y en 2022 se alcanzarán las 7.500, con el propósito de alcanzar en 2023 a esas 10.000 familias, gracias a ese 80% de incremento en el presupuesto. Torijano se congratuló con una ley que "nace de lo social y pone el foco en las familias".