Rotas, no congeladas. Tras la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la posibilidad de que se reanuden las negociaciones para llevar a cabo la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha quedado truncada al volver el PP y el Gobierno a un estadio anterior a la dimisión de Carlos Lesmes con la exigencia de los populares de que el Ejecutivo renuncie a la modificación del delito de sedición.  A lo largo de los últimos días los portavoces populares habían manifestado su disposición a volver a intentar el pacto si Sánchez se comprometía por escrito a no favorecer los intereses de los procesados por el referéndum ilegal del 1-O y el Gobierno se comportaba como buenos españoles.

Más allá del enfrentamiento dialéctico entre la portavoz del PP, Cuca Gamarra y Pedro Sánchez -menos virulento de lo que se podía temer-, cada añadido a las explicaciones de la ruptura sobre un acuerdo que estaba a punto para su rúbrica, añade más confusión y motivos de preocupación. Esteban González Pons, negociador por parte del PP, ha relatado que además de con los presidentes autonómicos de su partido, habían hablado con magistrados del Tribunal Supremo y con los vocales conservadores del CGPJ -los que han de ser renovados después de cuatro años con el mandato caducado-, que se habrían posicionado a favor de la ruptura. Que los líderes autonómicos tomaran una decisión que conviene a sus intereses partidistas es comprensible. Pero causa estupor que jueces del más Alto Tribunal aconsejen a un partido que incumpla la Constitución. Así, las explicaciones sobre la ruptura de las negociaciones para renovar el CGPJ lejos de aclararse se enmarañan aún más.

Ante esta situación ahora hay que esperar a lo que decidan los vocales conservadores del CGPJ, sobre el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde, que tenían que haber sido nombrados el pasado 13 de septiembre, si desbloquean esa elección o mantienen la rebeldía al cumplimiento de la ley ahora que ya no tienen coartada para dilatarlo, puesto que se aleja su renovación y no parecen dispuestos a dimitir. Por lo pronto comienzan a aparecer nombres de candidatos al TC. Está por determinar es si se trata de una forma de presión o puede convertirse en una trituradora de ellos. Algo se mueve al menos en la renovación del TC.

En cualquier caso, la pelota está ahora en el tejado del Gobierno que debe decidir si toma dos decisiones controvertidas, el nombramiento de los dos magistrados del TC que le corresponde con lo que ya se cambiaría el signo del tribunal de garantías -una iniciativa no exenta de problemas jurídicos- o la más comprometida aún de modificar el sistema de mayorías para la elección de los vocales del CGPJ de tres quintos a la absoluta, que el Ejecutivo no tendría ningún problema para alcanzar. Ambas estaban guardadas en el cajón a la espera de que la renovación del CGPJ se resolviera por la vía de la negociación. Al frustrarse, resulta imperioso adoptar alguna medida que evite el colapso de los tribunales superiores de Justicia y acabe con la anormalidad del cumplimiento de la Constitución aun a riesgo de que se generen nuevos problemas políticos y de pedigrí democrático.