Los ciudadanos son para los partidos, sobre todo, votantes a los que reclamar su apoyo cada convocatoria electoral. El resto del tiempo, lo más normal es que ignoren sus pretensiones. No las materiales, que se mejore su calidad de vida, los servicios sociales, que es algo a lo que tienen derecho, sino las que hacen referencia al marco en el que se desarrolla la vida política. El CIS acaba de señalar que el 90% de los españoles está harto de la crispación, perolos partidos políticos hacen caso omiso de esa sensación que conduce directamente a la desafección con los políticos, gobernantes y oposición, ante las habituales broncas con las que se manejan en el debate político.
Tampoco hacen caso a la demanda de los ciudadanos que consideran que para rebajar esa tensión lo mejor es alcanzar pactos de Estado un desiderátum con el que también están de acuerdo en mayor o menor grado el 89% de los encuestados. Quizá se haya mitificado en exceso los pactos de La Moncloa, pero sin llegar a una foto de todos los partidos nacionales y nacionalista que hoy por hoy es prácticamente imposible en ningún aspecto, al menos los dos partidos nucleares de la gobernabilidad de España tendrían que ponerse de acuerdo en las políticas de Estado, devenidas en enfrentamiento partidistas.
El 'efecto Feijóo, que se suponía que iba a tener como eje de su política moderada rebajar la tensión política, acercar posiciones, favorecer los pactos sobre cuestiones esenciales y hacer propuestas que el gobierno no pudiera rechazar, se ha quedado en su aspecto electoral. Ha permitido al PP aumentar sus expectativas de voto en los sondeos, dejarle al borde de la mayoría absoluta mediante un pacto con Vox -imprescindible- y superar al PSOE en la mayoría de ellos. Pero ese efecto se ha diluido rápidamente si lo que se pretendía era rebajar la tensión de la vida política. La sesión de control al gobierno del pasado miércoles mostró que los partidos se encuentran mejor en la lucha en un campo embarrado que en un territorio donde se imponga el fair play. Pero es imposible por dos motivos, porque los partidos se encuentran en permanente campaña electoral, la presente son las elecciones andaluzas, con proyección nacional indudable para medir las fuerzas y las políticas de alianzas futuras, y porque en el caso de los partidos de derecha cualquier pacto sobre cuestiones de Estado en las circunstancias actuales supondría una cesión insoportable para sus terminales.
Siempre queda sin respuesta la pregunta acerca de qué fue primero, el huevo o la gallina, quien tiró la primera piedra. En el último episodio, la responsabilidad parece atribuible a la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, que tiró del argumentario de acusar al gobierno de procurar una crisis institucional aún mayor que la crisis económica. Cuando, Pedro Sánchez para justificar su acción de gobierno se refirió a los 'mangantes' que el PP había tenido en sus gobiernos, a su vez respondido por Feijóo al señalar que el Gobierno esa "una caricatura" la crispación se elevó a la altura media impuesta en el PP por Pablo Casado.
Al día siguiente el PP daba una de cal y una de arena, votaba en contra de las enmiendas a la totalidad de los independentistas a la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, pero se retraía de un pacto sobre la renovación del CGPJ hasta pasadas las elecciones andaluzas. Al menos en el primer caso se ha pensado en la gente para contar con mejores instrumentos para afrontar una nueva pandemia.