A las puertas de comenzar la temporada estival, son muchas las dudas que se ciernen sobre la gestión de las zonas de baño autorizadas  en Castilla-La Mancha. A pesar de la evolución positiva de la incidencia epidemiológica, la actual normativa anti-Covid de la Junta de Comunidades (Decreto 55/2021 de 8 de mayo e Instrucción 14/21 de la Dirección General de Salud Pública) establece que el uso de estas piscinas naturales debe cumplir un requisito fundamental: respetar un aforo máximo del 75 por ciento como término general  o de cuatro metros cuadrados de superficie por cada persona. 

En concreto, Castilla-La Mancha cuenta este verano con 35 zonas oficiales de baño interior, correspondientes a 21 municipios e integradas en las demarcaciones hidrográficas del Júcar, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. De ellas, siete se encuentran en la provincia de Guadalajara. Dos están en el río Tajo (Trillo y Zaorejas); tres en el Embalse de Entrepeñas (Alocén, Durón y el azud de Pareja); una en el Embalse de Alcorlo (La Toba) y otra en el Embalse de Pálmaces de Jadraque. Con respecto a años anteriores, las pozas de Abánades desaparecen de esta lista.

Tal y como dispone la legislación, los ayuntamientos de los términos municipales donde se asientan estos espacios declarados aptos para el baño son las entidades responsables de abrirlos o no y los que han de velar por el correcto cumplimiento de la norma. Como ya ocurriera el pasado verano, la gran mayoría de los consistorios carecen de capacidad económica para implementar medidas de control de aforos y critican la «ausencia de transparencia e información» ofrecida por la Junta. 

Así lo manifiesta el alcalde de Pareja, Javier del Río, quien denuncia la «falta de ayuda y asesoramiento» que la administración regional aporta en este ámbito. «Lo que necesitamos no es que nos fiscalicen sino que colaboren con nosotros», declara. En este sentido, del Río asegura que, a día de hoy, el Ayuntamiento de Pareja todavía no ha recibido unas instrucciones claras  sobre la manera de proceder en el azud de cara a la temporada estival. «Lo tendremos que valorar cuando sepamos lo que se nos exige, pero lo que está claro es que nuestro ayuntamiento no tiene recursos ni personal para establecer un sistema de control y vigilancia en esta zona de baño», lamenta.  

Hay que recordar que el verano pasado, los exigentes requisitos que la Junta impuso a los ayuntamientos motivó el cierre de todas las zonas de baño autorizadas de la provincia. Aunque la situación actual es mucho más favorable a nivel sanitario, la necesidad de controlar aforos sigue siendo un hándicap muy complicado de superar.

En el caso de la playa de Durón, otra de las zonas de baño autorizadas del pantano de Entrepeñas, su alcalde se muestra decidido a permitir el baño habida cuenta de la amplitud del entorno y de la caída de los contagios por Covid. «El año pasado fue imposible abrir porque las restricciones eran mayores, pero si este verano no es obligatorio el uso de mascarilla y no hay aglomeraciones, nuestra intención es abrir», declara Juan Ramírez, quien entiende que el tema del aforo no es un inconveniente para la playa de Durón. «Si viésemos que la evolución de la pandemia se tuerce o que se producen masificaciones, pues cerraríamos. Pero, en principio, tenemos pensado abrir con normalidad», añade.  

Esta posibilidad no parece estar tan clara en los espacios naturales de baño de dimensiones más reducidas. Es el caso de El Empalme de Trillo, junto al río Tajo, una precioso enclave que, en los últimos tiempos, viene sufriendo «una masificación excesiva»  que «se desecontrola los fines de semana». Por ello, fuentes municipales consultadas por esta redacción explican que la intención del Ayuntamiento trillano es que vuelva a permanecer cerrada durante este verano.  

El control sanitario de estas zonas de baño por parte de la Junta se basa en inspecciones y recogida de muestras de agua. La primera visita se realiza al inicio de temporada estival por parte de los Servicios de Salud Pública, lo que ya se ha producido. Durante esta visita, se supervisan las condiciones higiénico sanitarias de la playa y del agua, incluida la adecuada limpieza y salubridad, instalación de carteles con la información sobre las características de la playa, medidas de seguridad, etc. Además, se hacen varios análisis de agua durante la temporada (al menos ocho), que finalizan a mediados de septiembre.

Estas muestras de agua determinan los parámetros exigidos por la normativa vigente como los microbiológicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes. La calidad de las aguas puede consultarse en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño, Nataye (http://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/). Con los resultados del control oficial, se elabora un informe de calidad que, en caso de dictamen de no aptitud, se envía a los ayuntamientos en los que se ubica la zona de baño y a los centros de salud de la zona básica correspondiente. Asimismo, la Consejería de Sanidad recuerda que son los propios ayuntamientos los responsables de mantener las condiciones de limpieza y salubridad, información al usuario y de vigilar los posibles vertidos.