La negociación política entre el Gobierno de Venezuela y la oposición lleva más de dos meses estancada, después de que las partes anunciaran, a bombo y platillo, un acuerdo que aún no se ha materializado. Sin avances a la vista, la paciencia se agota y el diálogo está, nuevamente, bajo amenaza de suspensión.

El 26 de noviembre, los negociadores suscribieron un «acuerdo social», en México, que contempla la creación de un fondo fiduciario manejado por Naciones Unidas para canalizar 3.000 millones de dólares a aliviar el hambre, las enfermedades y otras necesidades del país. Dos meses después de aquel anuncio solo queda la incredulidad, una sensación que afecta la valoración de la mesa de diálogo y su efectividad, o no, para resolver los grandes problemas de Venezuela, especialmente ante la cercanía de unas elecciones presidenciales que el mundo ve como la gran oportunidad de salir de la crisis.

Venezuela no ha percibido ningún beneficio tras la firma. Pero la realidad bajo cuerda es incluso más desalentadora, pues los avances son tan minúsculos que auguran más tiempo de espera antes de que esa ayuda llegue a alguna de los millones de personas que viven en pobreza extrema.

El jefe negociador de la oposición, Gerardo Blyde, señaló hace días que hay «mucho trabajo por hacer», por lo que pidió al oficialismo «arremangarse la camisa» y «volver a la mesa», en vez de poner un ultimátum sobre la continuidad de las conversaciones en vista del retraso, algo que el antichavismo reconoce que existe. Todavía es necesario, remarcó, «terminar de identificar» las riquezas venezolanas congeladas en el exterior que prevén usar para este fondo, un mecanismo que no ha sido ni siquiera creado pese a los numerosos encuentros de las últimas semanas.

Una fuente ligada a estas negociaciones explica que el retraso se debe a inasistencias por parte de representantes del Ejecutivo a algunas reuniones, la incapacidad de la oposición para acelerar los trámites en el exterior y a la amplia burocracia de la ONU.

Mientras tanto, el país solo sabe que lo acordado no avanza y, según el jefe negociador del oficialismo, Jorge Rodríguez, que esto es «por culpa» de la oposición. «No hay ninguna razón» para continuar con el diálogo «si no se cumple con la devolución» del dinero «robado», señaló el chavista, presidente del Parlamento y negociador plenipotenciario en estas gestiones.

Pero, cuando no hay micrófonos encendidos, la estridencia desaparece y es allí cuando actores como Noruega -el mediador de este proceso- y la ONU buscan acercar posiciones y reanudar los trámites, todos en etapas «muy incipientes», asegura un negociador.

Desigual reparto

Otra persona que participa en las reuniones técnicas detalla que las áreas de trabajo identificadas para la canalización de estos recursos avanzan con disparidad. Por ejemplo, el equipo que aborda asuntos de salud y atención a la niñez muestra mayores avances que los alcanzados en materia de gestión de riesgo y desastres. El plan incluye, entre otras tareas, reparar 2.300 escuelas y 14 hospitales, aumentar la generación eléctrica, mejorar la inmunización, asegurar los tratamientos a 60.000 personas con cáncer y otras miles con VIH, así como apoyar a las 26.000 familias que se vieron afectadas por las lluvias en 2022.

Nada de esto tiene fecha de materialización y nadie se atreve a estimar cuánto tiempo pasará antes de que algo se haga realidad, lo que alimenta las especulaciones sobre el limbo en el que entraron las conversaciones. En paralelo, el Gobierno ha dado pistas sobre un posible adelanto de las presidenciales para este año o sobre la creación de un nuevo organismo electoral, temas que no han sido tratados todavía en la mesa, según la oposición.