El mapa provincial, también en materia de vivienda, presenta dos realidades opuestas. Una en el Corredor del Henares y otra en el resto de la provincia. En muchos pueblos, existen dificultades para encontrar una vivienda disponible para alquilar o vender. Es cierto que, en muchas ocasiones, se trata de zonas deshabitadas durante la mayor parte del año pero se mezclan muchos factores que impiden la llegada de nuevos pobladores. 

Hay desconfianza en los propietarios de viviendas en zonas rurales respecto al que llega de fuera, a lo que se une que es probable que muchas viviendas sí que lleguen a estar habitadas en los meses de verano, aunque sea por un periodo corto de tiempo, por lo que una familia descarta el alquiler de larga duración. Otra circunstancia común es que hay casas que pertenecen a varios herederos y no se ponen de acuerdo para determinar su uso. Y en el caso de aquellos que sí estarían dispuestos a vender o alquilar, el precio de salida es tan alto que es excesivo para la zona o que no reúne las necesarias condiciones de habitabilidad.

Con este problema encima de la mesa, algunos ayuntamientos y grupos de desarrollo local empiezan a actuar. En primer lugar, reformando las viviendas e instalaciones municipales disponibles para la llegada de nuevos pobladores. En muchos casos son las casas que estaban reservadas para el médico, el secretario, el cura, agentes forestales o maestros que están vacías. 

Son muchos los pueblos de la provincia que no cuentan con viviendas disponibles para venta y, menos, para alquiler. - Foto: Javier Pozo

Este es el caso del Ayuntamiento de Orea, por ejemplo, que ha acondicionado varias viviendas municipales para su uso por parte de estudiantes de Erasmus Rural, cuenta con ocho viviendas sociales en régimen de alquiler y han habilitado un albergue destinado a la acogida de ucranianos que está vacío y al que ya están pensando darle un nuevo uso. Pero hay más, la alcaldesa, Marta Corella, quiere incrementar el parque de vivienda pública disponible y ya se ha reunido con la subdelegada del Gobierno, Mercedes Gómez, y la teniente coronel, Cristina Moreno, para solicitar la cesión de uso de seis viviendas que están desocupadas dentro del acuartelamiento de la Guardia Civil en el municipio. Además, también ha pedido a la Junta de Comunidades autorización para poder utilizar una vivienda de protección oficial (VPO)desocupada desde hace más de dos años hasta que se complete el proceso administrativo de adjudicación definitiva. 

«Todas las viviendas públicas que haya en un municipio deben estar ocupadas y tienen que atender al aprovechamiento de recursos. De la Junta no hemos recibido respuesta pero la Guardia Civil tiene mucha disposición», asegura Marta Corella.

Otros pueblos que están tomando medidas son Sotodosos, Durón o Chillarón del Rey. Según da a conocer el vicepresidente de la asociación Pueblos con Futuro, Mario González Somoano, hace año y medio fue imposible encontrar una vivienda para la llegada de una familia a cada uno de estos municipios. Desde entonces, los tres están trabajando en la adecuación de viviendas municipales para que esto no vuelva a ocurrir.

En esta misma línea de trabajo se han centrado dos grupos de desarrollo local de la provincia. En este año, Adel Sierra Norte y Fadeta han convocado ayudas para los ayuntamientos de sus comarcas que están dirigidas a la rehabilitación de las antiguas viviendas del profesor, del médico o del cura, o instalaciones municipales en desuso,  que se han quedado en ruina o abandonadas, para que las pongan a disposición de las personas que apuestan por ir a vivir a los pueblos de manera continuada.

Adel Sierra Norte fue pionero. Presentó, en febrero, una convocatoria  para destinar a este fin dinero procedente de los Fondos EURI, que vienen de Europa como un adelanto de los fondos del nuevo periodo de programación de desarrollo rural (2021-2027), iniciativa que se ha resuelto esta misma semana y a la que se han presentado 22 ayuntamientos de los 85 que están integrados en este grupo de acción local de la Sierra Norte. Los expedientes ya se han aprobado y en unos meses podrán invertir 40.000 euros, con un máximo de ayuda de hasta el 80% del importe presentado, para arreglar unas casas que se destinarán al alquiler continuado.

Eso sí, habrá condiciones para aquellos nuevos pobladores, como que se empadronen en el municipio y soliciten la tarjeta de asistencia sanitaria para asegurar esa estancia continuada en el municipio. 

«Se puede traducir en 22 familias que puedan llegar a nuestro territorio. Tratamos de paliar en parte el problema estructural que tenemos en el medio rural que el que quiere venir, muchas veces, no encuentra un sitio al que hacerlo. Puede ser una experiencia para localidades como Sigüenza. Si esto sale bien, me vienen a la cabeza otras ideas para incentivar el alquiler», dice María Jesús Merino, presidenta de Adel Sierra Norte, que está muy satisfecha con la acogida de la medida por parte de los ayuntamientos entre los que está la Ciudad del Doncel que ella gestiona. 

En el caso de Fadeta, ya ha finalizado el plazo de solicitud y los ayuntamientos de Irueste, Masegoso de Tajuña y Yélamos de Abajo están interesados. Son solo tres porque estas ayudas se convocan con el condicionante de que se destine como vivienda social. Además, desde Fadeta explican que esta baja demanda puede estar relacionada con que la convocatoria,  que cuenta con un importe total de 200.000 euros, no era exclusiva porque también estaba dirigida a municipios y entidades locales que estuviesen interesados en la instalación de sistemas de videovigilancia.

«Los ayuntamientos puede que no tengan tantas viviendas municipales y también tenían que elegir a optar por una de las tres subvenciones que se convocaban a la vez. Han priorizado según el interés que tenían para sus municipios», explica la gerente de Fadeta, Inmaculada Martínez, sobre la baja demanda de esta convocatoria de ayudas.
bolsas de viviendas. El Ayuntamiento de Orea está muy preocupado por el problema de la vivienda, por ello, se encarga de gestionar una bolsa en la que pueden inscribirse todos los vecinos que quieran alquilar o vender su casa. 

Precisamente, esta es una de las actuaciones que, según Mario González Somoano, daría más certidumbre a los propietarios de viviendas en el medio rural, que tienen desconfianza, sobre el que llega de fuera a la hora de alquilar sobre todo, para que una entidad pública pueda ofrecer unas garantías mayores al proceso.

«Hay mucha vivienda vacía durante la mayor parte del año pero no es fácil encontrar alquiler. Está muy bien acondicionar aquellas edificaciones que tienen los ayuntamientos, pero si con eso no se llega, no estaría de más que esa bolsa de alquiler que tendría que ponerse a disposición de la gente. En lugar de hacerlo un particular que corre más riesgo, que lo haga una entidad», analiza González Somoano, que añade que «no es fácil encontrar en muchos pueblos de la provincia una vivienda disponible. Es un problema bastante común en muchos pueblos que impide que vaya una familia. El objetivo final es que se establezcan en el pueblo», lamenta el vicepresidente de la asociación Pueblos con Futuro, que desde su origen ha gestionado el asentamiento de más de 20 familias en localidades de la provincia.

Fijándonos en otras instituciones, por el momento, la Diputación Provincial no ha puesto en marcha ningún programa ni proyecto que esté destinado de una manera específica a paliar este problema de escasez de vivienda en el medio rural, aunque fuentes autorizadas aseguran a este medio que sí que se estudió hacerlo antes de la pandemia. Por su parte, la Junta de Comunidades cuenta en su Ley frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, con un artículo en el que se alude a fomentar la reutilización de viviendas municipales ya existentes en desuso. 

Finalmente, el Gobierno de España, a través de las 130 medidas frente al reto demográfico del Plan de Recuperación, creó unas ayudas a la rehabilitación de viviendas en áreas rurales y provinciales afectadas por la despoblación.