Más de 60 millones para el sector del vino por el impacto de la pandemia, 80 millones para pymes, micropymes y autónomos afectados por la Covid, cuatro millones para alquileres, 1,4 millones para el cheque exportador, 6,7 millones para contratar a personas afectadas por procedimientos de extinción de contrato... Así hasta 34 convocatorias sacó Castilla-La Mancha en 2020 en el marco de la pandemia. El Tribunal de Cuentas ha hecho un informe, que acaba de publicar este verano, analizando cómo se dieron esas subvenciones en las comunidades autónomas que no tienen un órgano fiscalizador. Castilla-La Mancha se encuentra entre ellas, puesto que todavía no ha empezado a operar la Cámara de Cuentas que habrá a nivel regional.

Esas 34 convocatorias se cifran en 237 millones de euros, pero para el informe el Tribunal de Cuentas ha analizado trece, que en conjunto suman 183 millones de presupuesto. Una de las cosas que destaca el Tribunal de Cuentas de Castilla-La Mancha es que fue una de las pocas regiones en las que concedió ayudas por una cuantía que superaba el 85 por ciento de lo presupuestado. En concreto fue un 86 por ciento, pues estas trece convocatorias analizadas sumaban 183 millones y se concedieron ayudas por 157 millones.

De las regiones analizadas solo Ceuta consiguió superar también esta cifra del 85 por ciento. No lo lograron Extremadura, Cantabria, La Rioja o Murcia, que se quedó con el porcentaje más bajo, con un 61 por ciento.

El peso que tuvo las ayudas al tejido productivo fue muy importante. En términos generales las empresas y autónomos acapararon más del 75 por ciento de las ayudas. En el caso concreto de Castilla-La Mancha representan el 67 por ciento, con 42.694 ayudas dadas a empresas y autónomos y otras 20.522 del resto de concesiones.

También era cuestión de tiempo. Con la Covid apretando, era fundamental también la agilidad en la concesión de ayudas. El período medio transcurrido en la gestión de ayudas a empresas y autónomos fue de 72 días en Castilla-La Mancha. En Cantabria fue algo menos, con 49, en Murcia tardaron 77 días, en La Rioja 99 y en Extremadura 186.

En términos generales, en Castilla-La Mancha pasaban 68 días desde que se publicaban las bases reguladoras de las ayudas hasta que se daba la primera concesión. La región destaca también en los plazos de pagos, pues eran de cuatro días desde que se daba la primera concesión hasta que se abonaba el primer pago. El resto de las regiones no se llegaba a demorar más de un mes a la hora de efectuar ese pago.

El informe del Tribunal de Cuentas recuerda que Castilla-La Mancha declaró específicamente ampliables todos los créditos necesarios para atender los gastos derivados de la adopción de actos o medidas para paliar la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. 

Tirones de orejas y recomendaciones. El informe del Tribunal de Cuentas también da algunos tirones de oreja y hace recomendaciones, tanto de carácter general como específicas. En relación a lo que ha analizado de todas estas comunidades, concluye que la gestión de las subvenciones vinculadas al Covid-19 «se ha realizado con falta de planificación estratégica y del preceptivo diseño de indicadores y objetivos medibles». 

También detecta que Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Rioja dieron ayudas directas para cubrir el déficit de explotación sufrido por concesionarios de contratos de gestión de servicios públicos, aunque era contrario al decreto de medidas urgentes. También señala deficiencias en el apartado de publicidad de las convocatorias en Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y La Rioja. 

Algunas de las deficiencias halladas han servido para corregirlas. Es lo que ocurrió en Castilla-La Mancha con catorce personas beneficiarias del programa de alquiler, que habían recibido cuantías que superaban el gasto por alquiler del periodo. A raíz de estos trabajos de fiscalización, se iniciaron los correspondientes expedientes de reintegro.