Las cuentas públicas de Castilla y León para 2023 vieron este jueves la luz, con una cifra que crece en más de 1.500 millones respecto a las de 2021 –los que actualmente están en vigor– y en casi mil sobre las que hace justo un año se presentaron como proyecto para 2022. Estas no llegaron nunca a aplicarse al romperse, a 24 horas de su aprobación, el Gobierno de coalición PP-Cs y convocarse elecciones, por lo que todavía hoy se trabaja con las cuentas de 2021. De ahí la necesidad de que las previsiones que ha elaborado el área de Hacienda del Gobierno autonómico deban ajustarse como un guante a las verdaderas prioridades de los castellanos y leoneses tras un año en el que difícilmente habrá resultado positivo tener como marco de referencia un presupuesto que tantos avatares sociales y económicos vividos desde enero de 2021 lo dejaron ya obsoleto a las primeras de cambio.
Las líneas generales presentadas son difícilmente criticables, más allá de que puedan considerarse tan electoralistas (acusación que formuló el PP a Sánchez cuando presentó los del Estado) como los elaborados por el Gobierno de España. Dado que tienen grandes similitudes en el trazo grueso –gran incremento del gasto social y de las inversiones sobre una previsión de ingresos difícil de determinar si está inflada o no– cabría deducir que la acusación popular de hace dos semanas también sería válida hoy para formularse por los socialistas. Sin embargo, fuera del rutinario rifirrafe político, lo determinante de ambos proyectos radica en si nacen con la vocación de resultar válidos para el contexto actual más allá de si, al mismo tiempo, se ven en clave electoral y sirven para satisfacer al ciudadano con miras a las urnas del 28 de mayo. Y la respuesta, sobre la base de las grandes líneas, es que sí. El importante aumento de la cuantía tiene su reflejo en la necesaria ampliación del gasto en medidas de protección social y de incentivo a la actividad económica. Además, aparentemente no se percibe de manera notable el sesgo ideológico de Vox en las materias sobre las que más confrontación se crea con la izquierda, incluso con su propio socio, el PP, en algunas cuestiones.
Las cuentas, sin embargo, entrarán en las Cortes con un interrogante importante aún por desvelar: las inversiones por provincias. En un territorio tan extenso y con tantas realidades sociales y económicas distintas como Castilla y León, las líneas gruesas del presupuesto pueden sonar muy bien, pero no es incompatible con poder desafinar en la letra pequeña. Por delante quedan casi dos meses de debate parlamentario en el que los procuradores de cada provincia deberán fajarse para mejorar las cifras de su territorio. El papel del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, será fundamental para satisfacerlas sin perder de vista la vertebración de todo el territorio y el cumplimiento de su proyecto regional, necesario para avanzar hacia la igualdad territorial.