La agenda de juicios para este año viene cargada de importantes citas, en un 2023 en el que se sentarán en el banquillo, además de acusados anónimos, varios rostros conocidos y no por su actual situación procesal. Será el caso de las vistas del bailaor y coreaógrafo Rafael Amargo, por la presunta venta de droga en su domicilio, y la del abogado Emilio Rodríguez Menéndez, por una supuesta estafa a unos inversores argentinos.

El televisivo letrado será el primero en ir a juicio. Concretamente, Rodríguez Menéndez está citado el próximo día 26 en la Audiencia Provincial de Madrid, por presuntamente estafar a unos inversores con un falso negocio de compra y venta de petróleo.

En el caso de Amargo habrá que esperar al mes de junio, cuando acudirá a los juzgados acusado de atentar contra la salud pública por la supuesta venta en su propio domicilio de sustancias estupefacientes a terceras personas de manera «persistente» a cambio de dinero. 

La vista oral se celebrará los días 7, 8, 9 y 12 de ese mes en la Audiencia Provincial de Madrid. El artista se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de cárcel.

Amargo fue detenido el 1 de diciembre de 2020 junto a su pareja y otras dos personas en el marco de la operación Codax, cuyo nombre significa cuervo en latín y se apoda así por una imagen del bailaor y coreógrafo de su Instagram en la que aparece con unas alas de esta especie de ave.

Más allá de estos rostros conocidos, otras causas coparán también la actualidad de los tribunlaes en España. Casos como el que acaba de llevar a los juzgados de Plaza Castilla a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que compareció por la supuesta comisión de un delito de prevaricación en el marco de una querella presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. La denuncia se interpuso porque González autorizó el pasado julio la concentración de un grupo memorialista frente al Congreso el día en el que se aprobó la Ley de Memoria Histórica cuando a los querellados se lo había prohibido solo un día antes.

Ya en el mes de marzo, los días 10 y 17, se juzgará el hacinamiento de cadáveres en el sótano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), un caso que se destapó en 2014 cuando una forense denunció las condiciones infrahumanas en las que ella y sus compañeros realizaban su trabajo.

En el banquillo se sentará el exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II, José Ramón Mérida Velasco. El fiscal solicita una pena de ocho años de cárcel por un delito contra la salud de los trabajadores y uno por cada uno de los cinco delitos contra la integridad moral.

Sin fecha pero pendiente de juicio está la vista contra el conocido como carnicero tatuador de Valdemoro (Madrid), quien se enfrenta a 25 años de cárcel por presuntamente matar en 2019 a una joven de 18 años en su vivienda del citado municipio madrileño y profanar su cadáver.

El fiscal sostiene que asesinó a la chica en su casa, en la que había decoración satánica y en la que cortó el cadáver simulando una lámina de su cuarto.

Caso Ariete

Para este año se espera la vista que juzgará la denominada patada en la puerta. Se sentarán en el banquillo seis agentes de la Policía Nacional que irrumpieron en marzo de 2021 con un ariete en un piso de la calle Lagasca para disolver una fiesta ilegal que se celebraba a pesar de estar vigente el estado de alarma.

El proceso penal arrancó después de que el instructor admitiera a trámite la querella que interpuso el morador de la vivienda, defendido por el despacho Ospina Abogados, por un delito de allanamiento de morada y de daños. El asunto todavía está pendiente de señalamiento.

También está a la espera de fecha el juicio contra el director de cine y productor de películas de adultos, Ignacio Allende Fernández, conocido como Torbe, quien está acusado de distribuir pornografía infantil.

El representante del Ministerio Público, que solicita siete años de cárcel, sostiene que la difusión «viral» de un vídeo de contenido sexual en las redes sociales en el que aparecía una menor de edad «ocasionó a la testigo protegido un trastorno por estrés postraumático de intensidad media-alta».